España

Los golpistas ocultan las claves de los móviles y el juez tiene que enviarlos a Múnich a desencriptar

Los golpistas están negándose de forma generalizada a colaborar en la investigación judicial. Han ocultado las claves de los móviles y se han negado a dárselas al juez de Barcelona, provocando que el magistrado haya tenido que enviarlos a Múnich a desencriptar.

Golpistas claves en la investigación, como Josep María Jové se han negado a facilitar incluso la clave del móvil, retrasando la investigación ante la más mínima colaboración con la Justicia. Este móvil en concreto, el de Jové, puede aportar datos relevantes de cara al esclarecimiento de lo ocurrido y, sobre todo, de cara a conocer el listado de contactos del que se había constituido como el auténtico comandante en jefe de cara a los preparativos del 1-O.

La Guardia Civil ha tenido que acabar recurriendo a enviar el móvil custodiado varias veces a Alemania para intentar burlar unos mecanismos de encriptado que se han resistido incluso a empresas altamente especializadas.

“Al estar dicho móvil bloqueado por código de usuario se solicitó mediante escrito dirigido a ese juzgado por el jefe de la unidad de policía judicial de la zona de Cataluña que los peritos del laboratorio del grupo de informática forenses trasladarán el teléfono en cuestión a la sede que la empresa Cellebrites tiene en Múnich (Alemania)”, señala el informe policial. Hasta ahí podía ser un asunto normal. Eso sí, demostraba ya la ausencia de colaboración por parte del acusado. Un caso que, de hecho, se ha repetido con más encausados.

Pero la propia empresa alemana descubría al “proceder al desbloqueo del mismo con tecnología propia de dicha compañía” que se “encontraba con un tipo de cifrado que no es para el que tiene desarrollada su técnica, por lo que no pudieron acceder al teléfono”. Y comienza un largo periplo que aún no ha finalizado.

“Los agentes comisionados retienen el dispositivo del servicio de Cellebrite en Múnich el día 19 de octubre. La empresa matriz Cellebrite comunicó el día 28 de octubre a este laboratorio la disponibilidad de una forma de ataque al bloqueo del teléfono en cuestión”, pero, de nuevo, el tipo de encriptado utilizado por la Generalitat y los golpistas vuelve a superar las expectativas de la empresa: “Los técnicos de Cellebrite concluyen con la imposibilidad de llevarlo a cabo de esa manera por dificultades técnicas”.

El juez sigue intentándolo, obviamente. “Finalmente Cellebrite parece haber desarrollado un nuevo mecanismo de ataque para este teléfono en particular, que debería llevarse a cabo en su sede de Alemania”. Pero le comunican que “el proceso de desbloqueo del teléfono puede durar entre dos y tres meses”, ante lo evolucionado del sistema.

No se trata ni mucho menos de la primera muestra de falta de colaboración con la Justicia en la instrucción del 1-O. La Guardia Civil ha remitido ya su queja formalmente al Juzgado 13 de Barcelona por las negativas de la Generalitat a remitir información y, en concreto, por las evasivas de la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, por la que el Juez ya ha pedido la investigación de todos sus contratos y actos firmados en 2016 y 2017 -como adelantó OKDIARIO.

Artadi bloquea información

Pero, además, la mano derecha de Carles Puigdemont, Elsa Artadi, se ha dedicado a bloquear el envío de información a la Justicia sobre el uso del FLA y de otros fondos públicos. Ella ha sido una de las personas que, en condición de su cargo, ha contestado con evasivas y negativas al Juzgado dude Instrucción número 13 hasta que la Justicia se ha cansado y ha reclamado ya a los Ministerios de Economía y Hacienda que ordenen directamente el envío de los datos haciendo uso del 155.

Artadi ha sido, hasta la toma de posesión de su acta de diputada, la directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat. Ha abandonado ese cargo hasta el pasado 19 de enero. Y, gracias a ello, ha entorpecido el envío de los datos hasta hace una semana.

Artadi ha sido la jefa de campaña de JxCAT en las últimas elecciones catalanas del 21-D. Ha sido la controladora personal de Puigdemont para garantizar que el golpe avanzaba a buen ritmo, tal y como reflejan las grabaciones y pinchazos por la Guardia Civil y a disposición judicial. Ha sido la persona que ha diseñado la estrategia de fuga de Puigdemont para eludir a la Justicia.

La mano derecha del huido Puigdemont ha sido, en plena aplicación del artículo 155, la responsable de coordinar todos los departamentos en la Generalitat, con lo que era ella la que debía obtener los datos reclamados por la Justicia en la investigación del golpe en el que ella misma estaba, como avalan las pruebas recabadas por la policía judicial.

Con todo ello, el Juzgado de Instrucción ha acabado optando por reclamar al propio Gobierno que ordene el vaciado de los datos, porque, como recoge una providencia de la Justicia, “la respuesta remitida por el departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña al oficio de 30 de octubre de 2017” se ha limitado a una negativa porque, según afirman los responsables de la Generalitat, se ha confirmado el “desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto para la celebración del llamado referéndum, celebrado el pasado día 1 de octubre”.