El Gobierno no cree que prospere la demanda de Homs contra Rajoy por desobedecer al TC

El ex consejero y ex portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, denunció este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por desobedecer al Tribunal Constitucional. Fuentes del Ejecutivo no dieron crédito y aseguraron que «no tendrá mucho éxito» y no creen «que progrese». 

El sector inhabilitado del independentismo acude a los tribunales contra el jefe del Ejecutivo reclamando que investigue todas las responsabilidades en que haya podido incurrir junto a aquellas autoridades «gubernamentales o judiciales» que se hayan negado a acatar mandatos del TC.

Homs se ampara en la misma «nueva doctrina» por la que le inhabilitaron y advierte en su denuncia que estos altos cargos podrían haber incurrido «subsidiariamente» en un delito de prevaricación ya sea «administrativo o judicial».

El pasado 30 de enero, Homs ya presentó una denuncia ante la fiscalía del TSJC contra Rajoy y el ex ministro de Sanidad Alfonso Alonso por desobediencia y prevaricación. No obtuvo mucho éxito y el 13 de febrero la Fiscalía archivó la denuncia asegurando que las situaciones derivadas de la convocatoria del 9-N no se podían traducir en «presunta desobediencia» denunciada.

Ortega y Rigau piden limitar su inhabilitación

Las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau han pedido al Tribunal Supremo (TS) que las absuelva de desobediencia en el 9N y que, en caso de confirmar su condena, limite el alcance de su pena de inhabilitación, de forma que puedan seguir optando a determinados cargos locales, estatales o electos.

Así lo solicitan las dos ex consejeras en los recursos de casación que han presentado ante el TS contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que les condenó a un año y nueve meses y a uno y medio, respectivamente, por desobediencia al Constitucional al mantener la consulta del 9N.

En sus recursos, los letrados de Ortega y Rigau invocan varios preceptos de la Constitución que creen que vulnera la sentencia del TSJC, que consideran «pretendidamente ejemplarizante y cauterizadora de una actuación estrictamente política», además de «injusta y discriminatoria» en base a la «ideología política» de la condenadas.

Los recursos piden al Supremo que revoque la condena de las ex consejeras, pero que, en el caso de que decida mantener las penas, limite el alcance de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos de ámbito local, autonómico o estatal y de funciones de gobierno, al entender que resulta «desproporcionada e injusta».

Concretamente, Rafael Entrena, abogado de la ex vicepresidenta y ex consejera de Gobernación, Joana Ortega, argumenta en su recurso que, a diferencia de la pena de inhabilitación absoluta, los efectos de la especial «deben contraerse al empleo en cuyo desempeño se haya cometido el delito u otros cargos vinculados a éste». El recurso advierte de la «desproporción» de la pena de inhabilitación impuesta a Ortega, teniendo en cuenta que Francesc Homs, que era consejero de Presidencia durante el 9N, ha sido condenado por el Supremo a ocho meses menos que la ex consejera de Gobernación.

El recurso de Rigau también reclama rebajar la pena de 24.000 euros de multa que le impuso el TSJC hasta el mínimo legalmente previsto, «al no haberse practicado una sola prueba -debido a la inacción absoluta de las partes acusadoras- acerca de cuál es su capacidad económica».