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Guardia Civil

El Gobierno de Navarra retrasa asumir las competencias de Tráfico por falta de efectivos suficientes

El Gobierno navarro ha dado un paso atrás y la ceremonia del 1 de diciembre en la que la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez y la presidenta navarra María Chivite iban a escenificar con una firma el traspaso de competencias en materia de Tráfico y Seguridad Vial de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra se ha retrasado sine die. Los motivos son varios, pero el principal es que la plantilla de la Policía Foral es todavía insuficiente para hacerse cargo de estas competencias.

De momento, las autoridades autonómicas han dicho que todo esto se hará de manera ordenada durante el primer semestre de 2022, sin embargo, señalan el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite para tener asumida la gestión del tráfico en sus carreteras.

Mientras tanto, los 173 guardias civiles afectados por esta medida y el resto de sus compañeros, hasta 1.600 destinados en Navarra han tenido que asistir atónitos a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que llegó a afirmar que «ningún guardia civil va a salir de Navarra», quizás desconocedor de la propia legislación de Interior. En concreto el artículo 50 del Real Decreto 470/2019 que aprobaba el Reglamento de provisión de destinos y que permite a los agentes tener preferencia para elegir destino si deciden no quedarse en Navarra. Algo que sucederá de manera mayoritaria, como han previsto las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, ya que a los agentes se les permitirá integrarse en otras unidades de tráfico de la Benemérita de toda España.

El problema es que el Gobierno navarro ha pretendido masticar un bocado mayor del que podía, ya que dispone actualmente de 1.100 policías forales, de los que 280 están dedicados a tareas de Tráfico, pero calculan que necesitan otros 150 para cubrir las necesidades del servicio, algo que hasta ahora hacían sus compañeros de la Guardia Civil. Sólo en el mismo territorio prestan servicio 1.600 guardias civiles y unos 700 policías nacionales en la actualidad.

En este mar de incertidumbre y negociaciones contra el reloj de la Junta de Transferencias se mueven los guardias civiles afectados, pero también los policías forales, que aseguran desconocer a finales de noviembre de 2021, «cómo y cuándo se va a proceder, es cuestión de ámbito político y, por lo tanto, la decisión es de la Consejería de Presidencia o a la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra. Conocemos las decisiones de esta Junta por los medios de comunicación» y añaden con sentido crítico que «en nuestro día a día nada condiciona el asunto, llevamos treinta años con la monserga». La Policía Foral patrulla desde 1928 las carreteras navarras porque éstas eran de titularidad foral y la Guardia Civil de Tráfico se incorporó a estas labores a partir de 1961 por Decreto Ley.

Esta transferencia, después de que Navarra recibiese la gestión de las cárceles, plantea ahora serias dudas porque no parece claro que la idea de «engordar» la Policía Foral con guardias civiles sea del agrado de los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno navarro, como Geroa Bai y EH Bildu.

La Junta de Transferencias es lenta y sus reuniones son complicadas de formalizar y concretar, además el Gobierno navarro impuso en la misma a formaciones que no tienen responsabilidades de Gobierno, la representación navarra está formada por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez; Elma Saiz, consejera de Economía y Hacienda; José María Aierdi, vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; Javier Esparza, en representación del grupo parlamentario Navarra Suma; Ramón Alzórriz, en representación del Partido Socialista de Navarra; Uxue Barkos, en representación de Geroa Bai, Adolfo Araiz, en representación de EH Bildu; Mikel Buil, en representación de Podemos y Francisco Javier Jimeno, en representación de Izquierda-Ezkerra.

Por parte del Gobierno central la representación tiene un carácter más técnico. Son las directoras y directores generales de Presidencia y Gobierno Abierto, Joseba Asiain; de Interior, Amparo López; de Comunicación y Relaciones Institucionales, Pablo Roncal; de Hacienda Foral, Óscar Martínez de Bujanda; de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica, Begoña Urrutia; de Justicia, Rafael Sáinz; Salud, Carlos Artundo; Innovación, Agurtzane Martínez; y Transformación Digital, Guzmán Garmendia.