El Gobierno admite que «escuchará» propuestas de cambio en política penitenciaria sobre ETA

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el Ejecutivo central «escuchará y atenderá» las propuestas sobre cambios en la política penitenciaria que le planteen los partidos políticos en la reunión del Pacto Antiterrorista que se celebrará esta semana, aunque ha insistido en que en esta materia no se aplicarán medidas «colectivas» y se mantendrá la exigencia del reconocimiento del daño causado para que los presos de la ya desaparecida ETA puedan acceder a las distintas fórmulas de reinserción.

De Andrés, que este lunes ha firmado en Vitoria un acuerdo de cesión de documentos al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, se ha referido a la reunión del Pacto Antiterrorista que el Gobierno del PP espera celebrar esta semana con el resto de partidos para analizar la situación generada tras la disolución definitiva de ETA.

El delegado del Gobierno en el País Vasco ha explicado que el objetivo de este encuentro es tratar de buscar puntos de encuentro sobre la forma de afrontar este nuevo contexto. De Andrés ha precisado que, en todo caso, éste es un debate que se abordará «con la mirada puesta en las víctimas del terrorismo» y desde los valores del Estado de Derecho.

De Andrés ha explicado que el Gobierno español «escuchará y atenderá» los planteamientos que le puedan trasladar los partidos políticos que acudan a la reunión del Pacto Antiterrorista, entre ellos, los referidos a posibles cambios en la política penitenciaria que se aplica a los presos de la extinta ETA.

No obstante, ha recordado que la «responsabilidad» sobre esta materia recae en el Ejecutivo y en los jueces de vigilancia penitenciaria, por lo que el gabinete de Mariano Rajoy «no se la puede ceder a terceros».

De Andrés ha recordado que en materia de política penitenciaria existen posiciones «contrapuestas» entre unos y otros partidos. En todo caso, ha subrayado que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ya ha dejado «claro» que no se adoptará ninguna medida «excepcional».