El Gobierno avisa de nuevo por carta a los ayuntamientos catalanes de que no pueden colaborar con el referéndum

El Gobierno está avisando por carta a los secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes de que colaborar con el referéndum independentista supone una vulneración de la legalidad, según ha podido saber OKDIARIO.

En la misiva, firmada por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, se hace referencia a un aviso anterior -remitido el pasado 4 de julio- en el que ya se les advertía de las posibles responsabilidades por apoyar el referéndum.

«Habiéndose consumado esa convocatoria, tras la aprobación en el Parlamento de Cataluña, el día 6 de septiembre, de una ley que pretende dar cobertura a la celebración de un referéndum ilegal el próximo 1 de octubre, me veo en la obligación de dirigirme de nuevo a usted para recordarle que la convocatoria y celebración de un proceso refrendario de esa naturaleza atenta contra los artículos 1.2, 2, 9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución Española, así como contra los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña», se lee en el texto.

El Gobierno se remite a los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, «entre otros, por Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre, así como en los Autos del Tribunal Constitucional de 19 de julio de 2016, de 6 de octubre, y de 14 de febrero de 2017».

La carta es la respuesta inmediata de Moncloa a las misivas que, esta misma mañana, ha enviado la Generalitat a los distintos Consistorios, en las que se les advierte de que tendrán que poner a disposición de la administración electoral del Gobierno catalán los locales de su titularidad que habitualmente se utilizan como centros de votaciones.

La carta, que va firmada por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, acaba con una amenaza clara: si no se van a ceder los colegios, los municipios deberán advertirlo antes de este sábado. «La confirmación o la comunicación de las variaciones que pueda haber en relación con la disponibilidad de los locales indicados debe producirse en el plazo de 48 horas», se lee en la carta enviada a los consistorios.

«Desoyendo tales pronunciamientos (del TC), la Generalitat de Catalunya requiere ahora a los Ayuntamientos que coadyuven a la consecución de ese inconstitucional e ilegal proceso, mediante la puesta a disposición de los locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación», se denuncia en la carta del Gobierno, en la que se muestra el «apoyo firme e indubitada confianza en que se respete el marco constitucional y estatutario, así como esos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, lo que obliga a desatender dicha exigencia, por atentar precisamente contra esa legalidad y los dictados del Alto Tribunal».

El Gobierno asegura la protección de los funcionarios que rechacen colaborar con el referéndum a quienes traslada «el más firme apoyo».

Como en julio, la carta se remitirá a un total de 993 entidades locales de toda Cataluña. Entonces, ya se les avisó de «la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria», de modo que no colaboren en la organización del referéndum sobre la independencia y se «preserve el adecuado destino de los fondos públicos».

En ambos casos, el Ejecutivo se dirige a los funcionarios responsables de los ámbitos jurídico y económico de los ayuntamientos catalanes.