Funcionarios de Justicia en huelga: «Sánchez y Llop viven en el mundo de Yupi al margen de la calle»

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Mediaset y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Escritora de EL HOMBRE QUE SUSURRABA AL PRESIDENTE. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 27/06/2023 19:09
  • Actualizado: 27/06/2023 19:29

La Justicia sigue paralizada. Los funcionarios de la Administración de Justicia continúan su huelga para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez hace oídos sordos frente a estas protestas que tienen como objetivo mejorar la vida laboral de 45.000 trabajadores de la Función Pública.«Sánchez y Llop viven en el mundo de Yupi sin saber lo que ocurre en la calle», asegura el líder de la sección de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Javier Jordán en una entrevista con OKDIARIO.

Mientras a jueces, fiscales y letrados les subieron el sueldo por amenazar con paros, los funcionarios —sobre los que recae la mayor parte de carga de trabajo en los Juzgados— son ignorados. «Vais de progresistas y sois unos clasistas», han coreado los manifestantes en una nueva jornada de protesta.

Los funcionarios de la Administración de Justicia llevan ya dos meses en huelga. Durante más de 70 días, estos trabajadores no están recibiendo sus nóminas para luchar por mejorar sus condiciones laborales. Actualmente, la mayoría de estos trabajadores son mileuristas y realizan la mayor parte de las tareas dentro de un Juzgado. De este modo, los trabajadores públicos piden sentarse a negociar y no pararán la huelga hasta que esto ocurra.

«Vamos a cambiarlos y darles la patada hasta que se sienten a negociar», explica el portavoz de Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (Staj), Vicente Navarro en una conversación con este periódico.

Movilizaciones

La huelga comenzó el pasado mes de mayo. Los funcionarios se han concentrado frente a los organismos oficiales, se han encerrado en el Ministerio de Justicia y han realizado numerosas manifestaciones. Incluso, han ido a protestar a un mitin del presidente del Gobierno que se celebró el pasado sábado 24 de junio en Tenerife. Allí, la seguridad del recinto les pidió la documentación no dejándoles manifestarse.

En el día de hoy, funcionarios de toda España han recorrido el centro de Madrid para denunciar la situación en la que se encuentran. A las 13:00 horas, los trabajadores públicos han partido del Ministerio de Justicia en una marcha que ha desembocado en el Ministerio de Hacienda. Este último departamento es el encargado de dar luz verde a las subidas salariales que reivindican.

Hacienda ha aprobado estas subidas de sueldo para jueces y letrados pero con los funcionarios de base no lo está haciendo. Es importante reseñar que este último gremio es el que realiza el 93% de las funciones necesarias a la hora de realizar un proceso judicial. De este modo, los funcionarios piden que se les reconozcan sus atribuciones y que sean retribuidas tal y como ocurre en cualquier otro empleo.

«Necesitamos que se reconozcan nuestras funciones, que se reconozca nuestra carrera profesional y que cobremos todos lo mismo en toda España», explica el portavoz de CCOO, Luis Calero.

Silencio

Por el momento, ni la ministra de Justicia, Pilar Llop, ni altos cargos de su departamento dan respuesta a esta problemática. Tampoco lo hace la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que permanece en silencio mientras la clase obrera protesta. Ellos, que son los que tienen poder de tomar decisiones y reciben un generoso sueldo público por ello, no solucionan los problemas de los trabajadores.

Así, 45.000 empleados públicos ven cómo se degrada su profesión. Sin embargo, están dispuestos a luchar por su trabajo aunque pasen el verano sin cobrar por estar en huelga. «Vamos a seguir», aseguran dos funcionarias del la Administración de Justicia que ejercen en Granada y que aseguran que hay más de un millón de juicios con retrasos.