La Fiscalía pide hasta 7 años de cárcel para los dirigentes de ERC Jové y Salvadó por organizar el 1-O

La Fiscalía pide 7 años de cárcel para el diputado de ERC y ex alto cargo del Govern catalán Josep Maria Jové y seis y tres meses para el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar el 1-O.

En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el ministerio público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del «procés» descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.

Las reacciones por parte del presidente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, no se han hecho esperar. Han lamentado este viernes que la Fiscalía haya pedido siete años de prisión por su actuación en los preparativos del 1-O.

«¡Miserables, malas personas y sobre todo mucha cobardía! ¡Siempre de frente ante la represión! ¡Porque lo que hicimos, hacemos y lo que haremos, lo hicimos por principios democráticos y de libertad!», ha subrayado en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press

El escrito también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) procesó por un delito de desobediencia grave por su papel en los preparativos del referéndum del 1-0 desde el cargo que ocupaba en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.

Como ya adelantó este periódico, el Supremo condenó al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras por un delito de desobediencia en concurso real con malversación, manteniendo la pena de inhabilitación de 13 años, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031, después de revisar la sentencia del procés al amparo de la reforma penal  de Pedro Sánchez que eliminó la sedición y modificó la malversación. Así, el Gobierno no podrá contentar a sus socios independentista con esta reforma ad hoc que hizo para que los golpistas se pudieran presentar en las próximas elecciones.

En un auto, la Sala concluye que debe condenar a los acusados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa como autores de un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversación de caudales públicos. Rechaza rebajar la pena por el delito de malversación que los cuatro tenían impuesta, que quedará extinguida, en el año 2031 en el caso de Junqueras y Bassa, y en el año 2030 en el de Turull y Romeva.

De la misma manera, se condena a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart como autores de un delito de desórdenes públicos y a Carmen Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn como autores de un delito de desobediencia. Pese a ello, en relación con estos condenados, la entrada en vigor de la reforma de 2022 –por el que se elimina la sedición– determina la extinción total de sus respectivas condenas de inhabilitación.