La obsesión de la Fiscalía con el novio de Ayuso retrasa el caso por el hackeo a sus abogados

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citó el pasado 14 de noviembre a los abogados del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para que declarasen en el marco de la investigación por un presunto hackeo de sus cuentas de correo electrónico. El instructor ha tenido que suspender esta vista tras el interés de la Fiscalía para estar presente en la misma, pese a que no suelen acudir a este tipo de procedimientos. El letrado del juzgado no había citado a la representante del Ministerio Público. La vista ha quedado aplazada unas semanas coincidiendo con un día libre en la agenda de los abogados del novio de Ayuso. 

La pasada primavera, los letrados Carlos Neira y Gabriel Rodríguez Ramos denunciaron que los correos electrónicos que se intercambiaron en relación con su cliente González Amador desaparecieron durante unas horas. Los letrados del despacho Garrido explicaron que recibieron en la mañana del día 2 de abril, a las 11:39, un correo electrónico enviado desde el correo personal del novio de Ayuso que fue respondido por el asesor fiscalista de Juan de Dios Nieto. Horas después, durante la tarde del día 2 de abril, esos correos desaparecieron de los sistemas informáticos para, transcurridas unas seis horas, volver a reaparecer en los sistemas. 

La denuncia cayó por reparto en el juzgado de Juan Carlos Peinado, que también investiga a Begoña Gómez. El magistrado abrió diligencias de investigación por el ciberataque y sostuvo que los hechos denunciados «revisten los caracteres de presunto delito de revelación de secretos no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido». De este modo, el juez considera que «es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado».

El juez decidió citar al perito informático que acreditó el hackeo. La vista estaba señalada, en un primer momento, para el pasado 11 de noviembre a las 11:45 horas. Se trataba de un perito de parte a propuesta de los abogados del novio de Ayuso, que determinó en un informe que el ciberataque habría consistido en retirar la información de los sistemas y posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios. Su citación en los Juzgados de Plaza de Castilla se produce tras haber recibido información solicitada a Microsoft, el proveedor de servicios de las cuentas de correo electrónico presuntamente atacadas. 

Casualmente, los correos que se habrían extraído eran los que el novio de Ayuso se intercambió con su defensa admitiendo el delito por fraude fiscal. En concreto, la cifra defraudada asciende a 350.999 euros. Éste procedimiento judicial se sigue en el juzgado contiguo, que dirige Inmaculada Iglesias. La juez ya les tomó declaración y aceptó la personación de las acusaciones populares de Más Madrid y PSOE, que han tratado de dilatar el caso pidiendo que se amplíe la investigación sobre González Amador. No obstante, se han redactado propuestas de acuerdo de conformidad para evitar el juicio que están pendientes de ser firmadas.

Causa en el Supremo

Paralelamente, el Tribunal Supremo ha abierto causa especial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre estos correos que acabaron en la prensa. La presunta filtración por parte del jefe del Ministerio Fiscal ha provocado que los magistrados de la Sala Segunda decidan abrir diligencias. El asunto ha recaído sobre el juez Ángel Luis Hurtado, que ha comisionado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que registrasen el despacho y requisasen el teléfono móvil del fiscal general.

Fuentes jurídicas señalan que existe un especial interés de la Fiscalía por conocer de cerca los casos en los que aparece involucrado el novio de Ayuso. Las mismas voces señalan que podrían existir puntos en común entre las investigaciones en curso.

El máximo líder de la Fiscalía ha sido imputado por este asunto. González Amador también se querelló contra la fiscal jefa de Madrid por la difusión de una nota de prensa sobre su caso. Entonces, desde la Comunidad de Madrid se llegó a señalar como responsable de la intrusión informática al Gobierno de Sánchez, al asegurar, desde fuentes del entorno de la presidenta, que este tipo de actuaciones tan sofisticadas solo están «al alcance de los Estados».