La Fiscalía Europea investiga 100 millones de fondos UE adjudicados por el Gobierno en una biorrefinería

La Fiscalía Europea investiga la adjudicación de más de 100 millones de fondos procedentes de la UE adjudicados por el Gobierno para construir una biorrefinería en Zamora. La apertura de la investigación llega tras la denuncia de un grupo de empresarios españoles que presentaron en Bruselas la presunta solicitud y adjudicación en fraude del proyecto. Reclaman que la partida millonaria se ha adjudicado a una empresa que se ha apropiado de un proyecto verde ideado por ellos mismos. La Fiscalía ve indicios de presuntos delitos y ya ha trasladado a los empresarios que están investigando la adjudicación.

Un macroproyecto de energía verde está a punto de llegar a las zonas rurales de Zamora. Se trata de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla, un proyecto que conlleva el desarrollo de una fábrica multifuncional para la producción de biocombustibles. Un ingeniero de la zona, Vicente Merino, llevaba 17 años trabajando para sacar adelante este proyecto. Sin embargo, los planes se truncaron cuando su principal inversor se echó atrás tras recibir presiones de la Junta de Castilla y León, entonces gobernada en coalición por el PP y Ciudadanos.

Merino denunció estas presuntas extorsiones en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Zamora y el juez ha llamado a declarar como testigos a altos cargos del Gobierno autonómico por un supuesto boicot para construir la biorrefinería. El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y actual procurador regional, Francisco Igea, de Ciudadanos, sostuvo en su declaración que él no vio «nada raro» en la tramitación de esa iniciativa industrial.

Sin embargo, los empresarios mantienen que se trata de una adjudicación en fraude y cuentan con pruebas contundentes que han sido aportadas a la causa. De este modo, han decidido alertar a la Fiscalía Europea ya que la empresa que presuntamente les habría usurpado su proyecto ha recibido una partida millonaria de fondos UE.

Según fuentes de la Fiscalía Europea, el organismo ha recibido la denuncia y han verificado si es competencia suya dicha investigación. Al tratarse de una adjudicación de fondos europeos se ha asumido la investigación y así se lo han hecho saber altos comisarios de la UE a los denunciantes. Según fuentes cercanas al caso, la fiscal europea delegada, Olga Muñoz Mota, se encargará de estudiar el asunto.

La adjudicación investigada es la denominada como La producción de biocombustibles como vector de crecimiento y modernización económica en la España Vaciada. Se tratan de fondos europeos destinados a proyectos tractores para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación que han sido repartidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico liderado por la socialista Teresa Ribera.

La opacidad de los fondos UE

La biorrefinería es un ejemplo más del quebradero de cabeza que ha supuesto para el Gobierno la gestión de los 140.000 millones de euros de fondos europeos que le corresponden a España. Su reparto ha alertado a las instituciones europeas que llegaron a organizar un viaje el pasado mes de febrero para evaluar la gestión de estos fondos UE.

Semanas más tarde de esta visita, la europarlamentaria alemana Monika Hohlmeier expresó que su preocupación por el reparto de estos fondos. «No sabemos todavía a quién ha ido el dinero ni los proyectos a los que se han dedicado los fondos», recalcó Hohlmeier.

Además, el Parlamento Europeo aprobó un informe que recrimina a la Comisión Europea que accediera a dar los primeros 10.000 millones a España en 2021 sin cumplir todos los hitos a los que se había comprometido. El documento de valoración del presupuesto de la Comisión de 2021 —año que España recibió 10.000 millones de los fondos UE— señala que Bruselas dio luz verde a entregar el dinero a España pese a que no cumplía con el objetivo de tener activado el mecanismo de control para conocer el destino de esos fondos.