La Fiscalía del Supremo se opone al indulto de los golpistas condenados

El anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que el Gobierno comenzará con los trámites del indulto solicitado por los condenados por sedición no ha causado sorpresa en la Fiscalía General del Estado. “Era lo esperado”, comentan las fuentes consultadas por OKDIARIO. Preguntadas por cuál será la postura del Ministerio Público que se verá plasmada en el informe que tienen que hacer para el Tribunal Supremo, explican que los fiscales del proceso del 1-O, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, “obviamente seguirán con el mismo criterio con el que se fueron a juicio. No apoyarán el indulto a los condenados del procés”.

Los condenados para los que se ha solicitado esta medida de gracia son Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat; los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; Josep Rull y Joaquim Forn; la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y los también los ex consejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs.

Además de la postura de la Fiscalía con respecto al indulto, es también muy importante el informe que haga la Sala Segunda del Tribunal Supremo con respecto a la petición de los condenados. Desde la Fiscalía explican que “sería muy raro que el Supremo, que ha emitido las condenas, cambiara ahora de rumbo”. Sin embargo, habrá que esperar varios meses para saber si finalmente se decantan en un sentido u otro.

La pregunta que se abre ahora es si el Gobierno se posicionará con la Fiscalía o, para no rendir cuentas ante el independentismo, optará por otorgar el indulto a los condenados, aunque éste sea sólo parcial y respecto de las penas de prisión, lo que supondrá su salida inmediata de la cárcel.

Elecciones catalanas

El problema para el Gobierno, y de refilón para los independentistas, son los plazos de la concesión de un indulto que juegan un papel fundamental, pues la necesidad de informes por parte los operadores que han intervenido en el proceso dilatan, y mucho, los tiempos.

Por tanto, si las elecciones catalanas finalmente se producen a principios de 2021, es más que probable que el Gobierno de Sánchez no haya podido decidir sobre este tema. Así, pues ¿quién apretará a quién si no hay decisión? ¿Habrá más concesiones al independentismo? Preguntas, por ahora, sin respuesta.

Indultos polémicos

El posible indulto a los condenados por el procés no es la primera medida de gracia que viene rodeada de polémica. De hecho, el indulto ha sido ampliamente criticado a lo largo de la historia porque aparca la separación de poderes y, además, es bastante poco frecuente que vengan motivados los motivos de la concesión del mismo.

Entre los indultos polémicos de los últimos años se encuentra el concedido a un conductor kamikaze que provocó la muerte de una persona. Había sido condenado a 13 años de prisión pero el gobierno, que no dijo el porqué en el BOE, y que luego se supo que tenía informe en contra del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, redujo la pena a dos años de multa.

Otra de las medidas de gracia otorgadas por un Gobierno fue la que se le dio a cuatro Mossos de d’Esquadra condenados por torturar a un detenido. La decisión fue tan polémica que 200 jueces y magistrados de toda España firmaron un manifiesto en el que tacharon la decisión gubernamental de «fraude y abuso», además de aseverar que esa decisión suponía «una afrenta al Poder Judicial».

Como OKDIARIO ha explicado, los indultos pueden ser totales o parciales. Entre los parciales, que indultan parte de la pena, destaca el concedido al comandante y al capitán médico del YAK-42, José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, que habían sido concedidos a 18 meses de cárcel y un año de inhabilitación. El Gobierno les conmutó la pena de la inhabilitación.

Pero si ha habido un caso controvertido fue el del indulto concedido a Rafael Vera y José Barrionuevo, ex ministro Interior y el ex secretario de Estado del Gobierno de Felipe González, así como otras ocho personas más, por el asesinato de Segundo Marey.

Marey era un ciudadano francés al que el GAL confundió con un etarra. Fue secuestrado por los mercenarios Mohand Talbi, Jean-Pierre Echalier y Pedro Sánchez pagados con fondos reservados. Pese a las altas penas impuestas, más de 10 años, fueron indultados parcialmente cuando llevaban pocos meses de prisión. Les fue conmutada dos tercios de la pena y pasaron directamente al segundo grado.