Los fiscales del Supremo piden que Delgado se abstenga en el ‘caso Dina-Iglesias’ y reúna a la Junta fiscal

Los fiscales del Tribunal Supremo no quieren un nuevo escándalo dentro de la Fiscalía General del Estado, como sucedió con el informe del teniente fiscal, Luis Navajas, que avaló el archivo de las querellas contra el Gobierno por la gestión de coronavirus. Un malestar interno, por no convocar la Junta de Fiscales, que ha terminado con Navajas acusando a dos de sus compañeros de presionarle, y con el enfado del resto por no haberles consultado qué hacer con las querellas. Así, ahora, con la petición de imputación del vicepresidente segundo Pablo Iglesias por parte del magistrado del caso Dina-Iglesias, Manuel García-Castellón, los fiscales del Supremo no quieren «tonterías» y solicitan que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia de Sánchez, se abstenga y que se convoque a la junta de fiscales para que es escuchen «todos los criterios».

Los fiscales consultados por OKDIARIO explican que Dolores Delgado debe abstenerse en la causa del caso Dina-Iglesias porque, aunque no ha coincidido con Pablo Iglesias en el Gobierno, sí ha formado parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que ahora Iglesias es vicepresidente con él, por lo que, a su juicio, «debería abstenerse, ya que se podría poner en duda su objetividad» en el caso de que la Sala de Admisiones del Supremo admita la solicitud de García-Castellón.

Respecto del segundo punto, aseguran que en un tema de tanta importancia se tiene que convocar la Junta de Fiscales de Sala. Y como ejemplo ponen el procés, donde esta junta se reunió para conocer el criterio de los diferentes fiscales de Sala con respecto a cuál iba a ser la postura del Ministerio Público con los entonces imputados. «En casos de tanta trascendencia lo más prudente  y objetivo es consultar todas las voces posibles. Merece la pena escuchar la opinión técnica de todos», apostillan las fuentes.

«Debe abstenerse»

OKDIARIO ha preguntado al miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, y fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada por estos dos extremos. Respecto de la abstención de Dolores Delgado en la causa el caso Dina-Iglesias, Salvador Viada afirma: «La fiscal general del Estado la nombra el Gobierno y por tanto se le supone una afinidad, una relación de confianza con el mismo. En este momento la intensidad de la relación es mayor con el Gobierno, ya que la fiscal general del Estado formó parte de ese Ejecutivo como ministra de Justicia inmediatamente antes de pasar a ser la jefa del Ministerio Público.  Así que en los asuntos que afecten políticamente al Gobierno del cual salió yo creo que debe abstenerse».

Pero, preguntado específicamente por el ‘caso Iglesias’ afirma que, «los asuntos que afecten a las personas del Gobierno por cuestiones que no tienen que ver con el Gobierno, no lo tengo tan claro. En este caso se habla del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en un asunto que no tiene nada que ver con su función de Gobierno.  Por lo tanto, no estoy tan seguro».

Impostura

Salvador Viada no se corta a la hora de decir que la abstención o no de Delgado realmente es una impostura porque, «sobre esto de las abstenciones del FGE hay algo de impostura. El fiscal general del Estado es el jefe de todo el Ministerio Fiscal, el que marca las líneas generales de actuación y también las particulares, además de quien realiza la generalidad de los nombramientos discrecionales».

Y apostilla: «Abstenerse en un asunto concreto no supone la creación de un grupo de trabajo desgajado de la disciplina del FGE para conocer del asunto con garantías de no contaminación, sino que es atribuir el asunto a una persona de la confianza del FGE, asesorado por personas también de su absoluta confianza (como es el secretario técnico del FGE), que saben la causa por la cual el FGE se tiene que abstener. Por tanto, creo que es más un gesto -que se agradece- pero poco más, porque la Fiscalía no está preparada para afrontar ese tipo de contingencias ni tampoco nadie se ha preocupado de prepararla».

En cuanto a la segunda de las cuestiones que solicitan la mayoría de sus compañeros, que se convoque la junta de fiscales de Sala, Viada expone que eso «depende de la decisión del FGE. La Junta de Fiscales de Sala tiene unas funciones concretas para las que es obligado oírla, y otras de asistencia al FGE en materia doctrinal y técnica. Si el FGE considera que debe ser asistido la convocará, lo cual dará seguramente un perfil más técnico a la decisión que se tome, y si considera que no debe ser asistido pues no tiene obligación de convocarla».

Ese es el extremo que más ampollas levantó con el informe Navajas, la negativa del teniente fiscal a convocar esa junta. Ahora, después del incendio que provocó no convocarla, así como las posteriores declaraciones de Navajas, los fiscales del Supremo esperan que no se vuelva a caer es ese error con Pablo Iglesias y que, esta vez, sí se escuche la voz de todos los fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

La respuesta, como todo en el Ministerio Público, está en manos de Dolores Delgado, así como en la Sala de Admisiones del Supremo formada por los magistrados Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.

‘Caso Iglesias’

El juez  de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada con los indicios delictivos presuntamente cometidos por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Dina-Iglesias. En el escrito de 63 páginas, el magistrado solicita que se investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito.

Además, solicita que se investiguen a la diputada Gloria Elizo y los letrados de la formación morada Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo por acusación o denuncia falsa o simulación delito. El juez cree que Dina Bousselham y su marido Ricardo Sa Ferreira pudieron cometer un delito de falso testimonio.

De no ser aforado por su condición de diputado del Congreso y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias habría sido imputado de tres delitos por el juez que durante años ha investigado la causa.