España

El ex director de Acuamed apunta al subgobernador de Tarragona como parte de la trama de financiación ilegal

El caso Acuamed puede pasar en breve a juicio. Y en una de las últimas declaraciones ante el juez Manuel García-Castellón, el ex director de Acuamed imputado en la causa, Arcadio Mateo del Puerto, ha señalado al actual subdelegado del Gobierno en Tarragona, Joan Sabaté Borrás, como parte de la presunta trama de financiación ilegal.

La declaración se ha producido dentro de una de las diversas ramas del caso Acuamed: la que investiga los pagos fraudulentos de al menos 690.000 euros entre los que se esconde el cerramiento de la obra de descontaminación de Flix. El cerramiento se hizo por medio de tablestacas y la Justicia investiga el posible inflado de los pagos con destino a financiación ilegal.

Hay que recordar que en todo el caso Acuamed se investiga igualmente el posible destino de fondos de esta empresa pública para la financiación ilegal de campañas políticas del PSOE. El beneficiado final de esos pagos habría sido el Partido Socialista y la campaña electoral de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de 2008. Acuamed, sociedad pública gestora de las desaladoras, era responsabilidad en aquella época de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ahora presidenta nacional del PSOE.

Las declaraciones ante el juez han identificado ya pagos de al menos 268.000 euros a Bassat Ogilvy Comunicación y de 214.000 euros al Institut Ildefons Cerdà. Unos pagos que habrían estado camuflados como parte de los costes del mencionado cerramiento con tablestacas. La UCO y la Intervención General del Estado han ratificado igualmente estos pagos.

Pero la declaración del 19 de Febrero del ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, imputado en la causa, ha abierto otra vía de posible fraude. Según lo declarado en sede judicial ante la fiscal Anticorrupción Inmaculada Violán, el senador Joan Sabaté acudió a visitar al director general de Acuamed el 5 de marzo de 2012, recién tomada posesión de su cargo en la empresa pública. El objeto de la visita no era otro que el de interesarse por la marcha del proyecto de descontaminación de Flix y ofrecerse a continuar prestando sus servicios para eliminar dificultades que presentaba su realización por las reticencias de diversos municipios de la zona. Al ser preguntado si esos servicios suponían algún tipo de remuneración por parte de Acuamed, Sabaté contestó al entonces director general de la sociedad con una negativa.

Pero, ahora, entre la información que forma parte ya del sumario judicial de la causa de Acuamed, se ha podido constatar que entre los pagos realizados al Institut Ildefons Cerdà hay 114.300 euros en concepto de pagos de un «Plan de relaciones con el entorno y con prescriptores» y 10 pagos mensuales de 9.700 euros, entre octubre de 2013 y julio de 2014. En total la UCO ha identificado pagos certificados en concepto de tablestacas por un total de 214.198,90 euros, si bien no se descarta que el importe pueda ser significativamente superior.

En la actualidad, Joan Sabaté es el subdelegado del Gobierno en Tarragona, después de haber sido alcalde de Tortosa por el PSC y senador en las legislaturas VII, VIII, IX y X.

Pagos fraudulentos 

Hay que recordar que el caso Acuamed, en el que se investiga una posible financiación ilegal del PSOE, cuanta ya con el testimonio de una de las denunciantes -ahora ya imputada-, que ha reconocido precisamente que hubo pagos fraudulentos de hasta 690.000 euros. Un dinero sobre el que ahora debe investigar la Justicia cuál fue su destino final. La investigación persigue una posible vía de dinero ilegal con destino a la financiación de la publicidad electoral del PSOE en 2008.

Azahara Peralta es una de las denunciantes de la conocida como operación Frontino, que ha acabado siendo investigada dentro del caso Acuamed por el juez García-Castellón en un auto con fecha 28 de noviembre de 2019 por un fraude de facturas falsas. Peralta ha reconocido ya en su declaración en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 la existencia de pagos irregulares por importe de 690.000 euros, de los cuales 268.000 euros fueron pagados a Bassat Ogilvy Comunicación y 214.000 euros al Institut Ildefons Cerdà (importes recogidos en el informe 102/2019 de la UCO, documento 4 de la declaración).

En la declaración ante el magistrado Alejandro Abascal, -en la que sólo respondió a preguntas de su abogado, Jacobo Teijelo, de la fiscal Anticorrupción Inmaculada Violán y de la abogada del Estado Rosa Seoane, representante de la Abogacía del Estado en el juicio del 1-O-, la investigada Azahara Peralta admitió que estos pagos fraudulentos se llevaban realizando desde octubre de 2012.

En esas fechas, el director de la obra de descontaminación de Flix –una de las desarrolladas dentro del marco operativo de Acuamed– era el también investigado Marc Pujols, siendo su inmediata superior Gracia Ballesteros, otra de las denunciantes de la operación Frontino.

Gracia Ballesteros fue hasta julio de 2014 la superior de Azahara Peralta, que se había incorporada como directora de obra en octubre de 2013. Peralta ha reconocido que esta práctica irregular siguió produciéndose hasta mayo de 2015 con su conocimiento y participación. En su declaración, expuso, además, que todo ello se llevaba a cabo con la intervención de José Manuel Plaza, responsable de la Asistencia a la Dirección de Obra de Flix. Sin embargo, Peralta no ha sabido concretar si Francisco Valiente, el entonces director de construcción y primer denunciante de la operación Frontino, tuvo conocimiento de la certificación de facturas falsas en concepto de tablestacas.

Y hay que recordar igualmente que el caso Acuamed persigue aclarar las sospechas de financiación ilegal del PSOE en las elecciones de 2008 por medio del desvío de dinero con destino a campañas de publicidad de esta formación política. Un dinero que, en total puede superar los 20 millones de euros, y que habría salido, no sólo de las cuentas de la empresa pública Acuamed, sino también de las propias empresas concesionarias de las desaladoras adjudicadas en el plan de agua desalada de Zapatero.