Los equipos jurídicos alertan a Sánchez: exhumar a Franco puede acabar en derrota judicial

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 05/08/2018 02:42
  • Actualizado: 05/08/2018 09:37

Los equipos jurídicos han alertado a Pedro Sánchez de que exhumar a Franco puede acabar en derrota judicial. El Gobierno asegura que puede hacerlo por un mero decreto ley. Que el rango legal sería suficiente para proceder a la exhumación. Pero la noticia publicada por OKDIARIO, en la que se advertía de la posibilidad de la familia y de la Fundación Francisco Franco de querellarse por profanación en caso de que no se cumpliesen los requisitos legales para poder trasladar los restos mortales del dictador, desvelaba la realidad de los problemas a los que se enfrenta la promesa del presidente Sánchez de mover los restos de Franco.

Por eso, en una de las últimas reuniones mantenidas por Sánchez con su equipo jurídico ha sido alertado de que, efectivamente, es más sencillo prometerlo que hacerlo. Y es que no es nada seguro que un movimiento de la tumba de Franco en contra del deseo de la familia no acabase en un proceso penal e, incluso, con posible derrota para el presidente y su Gobierno. Todo un varapalo de duro impacto para la imagen de Sánchez.

«Quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será en muy breve espacio de tiempo”. Así reafirmaba Sánchez a mediados de julio su promesa lanzada a mediados de junio.

Han pasado los días y la semanas y el cuerpo de Franco sigue en el Valle de los Caídos. Y no es porque la agenda de Sánchez esté muy cargado de deberes y acontecimientos públicos. No: la verdadera causa radica en la complejidad legal del movimiento de los restos del dictador.

El Gobierno en todo ese tiempo ha tratado de llegar a un acuerdo con la familia, eso sí, después de haber anunciado a bombo y platillo que trasladaría la tumba dijera lo que dijera la familia. Y en ese contexto la familia ha respondido con un escrito notarial en el que se ha negado por completo a dar su consentimiento a tal acción e, incluso, a hacerse cargo de los restos una vez desplazados -algo que hubiese limitado la responsabilidad del Estado de evitar posteriores profanaciones en algún cementerio-.

El propio Fernando Martínez, director general de memoria histórica, un organismo de nueva creación dependiente del Ministerio de Justicia, fue el primero en insinuar que la promesa de Sánchez revestía más complejidad de la aparente: por eso admitió que podía haber cierto retraso en la operación porque querían hacerlo «correctamente».

La Fundación Francisco Franco ha explicado esta complejidad. Y es que se deben respetar los trámites legales blindados por Ley Orgánica. Si hace uso de un decreto, la forma jurídica será inferior y, por lo tanto, no se trataría legalmente de una exhumación, explican. Según su criterio, un movimiento de los restos mortales sin permiso de la familia puede ser considerado directamente una profanación, tal y como aparece reflejada la figura delictiva en el Código Penal español -artículo 526-.

En ese artículo se señala que “el que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses”.

Por eso la familia de Franco, como adelantó OKDIARIO, ya ha entregado al Abad responsable de la Basílica del Valle de los Caídos un documento notarial donde expresan sin duda alguna su oposición a la exhumación de los restos de Francisco Franco. Porque con ese documento repartido, nadie -ni los jefes, ni los agentes que intervengan en la operación- podrá esgrimir que no estaba al corriente de la oposición de la familia a la exhumación.

Todos estos puntos han sido valorados por el equipo jurídico de Moncloa en los últimos días. Y la solución legal, efectivamente es más compleja de lo esperado por Sánchez, tal y como le han advertido.