Los disturbios de Barcelona vuelven a poner en entredicho a los Mossos
El Gobierno catalán oculta la identidad de los detenidos para que no influya en la campaña
Los incidentes del pasado sábado en Barcelona han vuelto a poner en la picota a los Mossos d’Esquadra. A la policía autonómica la cogió casi desprevenida. A pesar de que la convocatoria había circulado por TikTok desde cinco días antes.
El balance se saldó con la detención de 130 personas —un 60% menores— de los más de 500 que participaron en los altercados. Y el saqueo total o parcial de una treintena de establecimientos en pleno centro de Barcelona.
Preferentemente tiendas de ropa juvenil o de ordenadores. Pero ni siquiera se salvó un quiosco de venta de flores. Centenares de clientes, muchos turistas, tuvieron que permanecer también encerrados en El Corte Inglés de la zona.
Los disturbios han pillado además a la nueva jefa de los Mossos, Sílvia Catà, con apenas un mes y medio en el cargo. En declaraciones a la ACN, la agencia de noticias de la propia Generalitat dijo que era «bastante inexplicable» y que les había sorprendido «la virulencia».
Mientras que, en una entrevista en Rac1, evitó concretar el origen o la nacionalidad de los detenidos. Aunque todo el mundo ha visto fotos en las redes o en los medios en las que la inmensa mayoría tiene pelo ensortijado y tez morena, es decir, magrebíes.
Catà fue elegida por la titular de Interior, Núria Parlon, como la primera mujer para dirigir el cuerpo. Sin embargo, es evidente que, siendo un cargo de confianza, va con pies de plomo en estos temas. Parlon defendió entonces su apuesta por «la feminización del cuerpo». Más del 40% son ya mujeres.
Cuando fue presentada el pasado 9 de septiembre —tras la dimisión del mayor Trapero—, la consejera destacó la «relevancia simbólica» del nombramiento. Entre los méritos que citó de la nueva jefa está que «sabe trabajar en equipo, sabe escuchar, es humilde y tiene muchas ganas».
Los Mossos han vivido, desde 2017, una etapa de interinidad en su jefatura. La nueva responsable es, de hecho, el noveno jefe desde entonces. Incluso algunos repitieron en dos ocasiones tras la aplicación del 155. O fueron nombrados y cesados por el mismo consejero.
En plena campaña electoral, y con Vox y Aliança en auge —aunque esta última fuerza política no se presenta a las generales—, el gobierno de Salvador Illa ha corrido, por otra parte, un tupido velo sobre el origen extranjero de los alborotadores. Entre otras razones, porque desmonta el relato sobre inmigración y llega después de las polémicas del PSOE sobre Ceuta, la regularización masiva o la ley de nietos.
La propia portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha acusado a la «extrema derecha» pese a las imágenes. Como Gabriel Rufián, el candidato de ERC-Podemos. O Ada Colau, que también se quejó de, a su juicio, una «represión completamente fuera de lugar».
Lo cierto es que la propia Sílvia Orriols advertía el miércoles en el Parlament, durante la sesión de control, que lo que ha ocurrido en Francia podía pasar aquí. Y la consejera de Interior le contestó que «babeaba», en alusión a que ya le gustaría que ocurriera.
El hecho de que casi un 60% sean menores ha abierto, de otro lado, sospechas de que haya menas o incluso menores extutelados por la Generalitat. Al fin y al cabo, uno de los marrones con los que ha tenido que lidiar Salvador Illa es el desbarajuste en la Dirección General de Atención a la Infancia.
No obstante, se ha limitado a cambiarle el nombre a pesar de que las irregularidades ascienden a más de 160 millones de euros y están ya en manos de la justicia. Entre otras razones, porque afecta a tres exconsejeros de Esquerra y a una de Junts.
Ni el Gobierno ni los medios de comunicación catalanes han querido hurgar tampoco en el asunto. El Ejecutivo catalán insiste en que todo es culpa de las redes y ha anunciado medidas para bloquear estos grupos de WhatsApp o de Telegram. Tarea harto difícil porque, en cuanto cierras uno, abren otro.
Tampoco los periodistas. El propio presidente del Parlament recibió ayer a la junta del Colegio de Periodistas de Cataluña, lo que muestra la relación de cordialidad entre el segundo cargo institucional de Cataluña y el organismo que representa a la prensa catalana. Y entre los periodistas que asistieron a la rueda de prensa del Gobierno autonómico de cada martes, a ninguno se le ocurrió preguntar sobre el origen de los detenidos.
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