El dinero robado por los socialistas en el caso de los ERE ascenderá hasta rozar los 1.000 millones

Hasta ahora se ha cuantificado en 680 millones de euros el dinero robado por los socialistas en el caso de los ERE. Una cifra que convierte ya el escándalo en el mayor fraude y corrupción de la democracia española. Pero, pese a lo elevado de esta cifra, lo cierto es que no será ni de lejos la cuantía definitiva. Porque las causas aún abiertas con casos particulares en los que se utilizó la mecánica de los ERE harán que esta cuantía se eleve hasta rozar los 1.000 millones de euros, según fuentes del equipo jurídico del PP.

El abogado del PP en esta causa, Luis García Navarro, advierte de que los 680 millones de euros estimados hasta el momento sólo se han centrado en el periodo 2000 al 2009. Eso significa que falta por cuantificar el año 1999 y los ejercicios 2010 y 2011. Por si eso fuera poco relevante, aún faltan por sumar a esa cifra las cuantías robadas en las piezas donde se deben enjuiciar aún las comisiones a intermediarios y demás. Y, por todo ello, el importe final robado no bajará de 900 millones y se acercará a los 1.000 millones. Los cálculos de los juristas del PP no parecen nada desencaminados.

Especialmente porque este mismo martes, la Justicia ha decidido volver a imputar al ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y al ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías por una de esas piezas particulares derivadas de la misma mecánica de fraude de los ERE pero no juzgada en la causa principal o causa política: la que afecta al préstamo de 5.829.817 euros que el Gobierno la Junta de Andalucía en manos del PSOE concedió en 1999 a la empresa Campocarne Andalucía -más conocida por su nombre anterior de Hijos de Andrés Molina-.

La Justicia lo ha hecho después de que Chaves y Zarrías hayan sido condenados previamente por prevaricación a 9 años de inhabilitación en la sentencia de la pieza política de los ERE dictada por la Audiencia de Sevilla. Lo que implica que los jueces son conscientes de que las penas que se puedan imponer a partir de ahora se irán acumulando para los condenados. Y que, por lo tanto, también serán acumulativas la cuantías defraudadas.

Los abogados del PP estiman que, teniendo en cuenta los casos que quedan aún abiertos y los antecedentes de la primera sentencia de los ERE, la cifra rozará esos 1.000 millones citados provenientes de fondos públicos.
Porque en todos esos casos ni se identificaron a los beneficiarios de las subvenciones, ni se comprobaron si éstos cumplían los requisitos necesarios «para acceder a las ayudas». Los socialistas al frente de la Junta de Andalucía, condenados en la sentencia de los ERE, adjudicaron los más de 680 millones de euros de fondos públicos para parados, y empresas en dificultades, a discreción. Y esa misma mecánica se repitió en caso particulares diseminados por toda Andalucía.

Beneficiarios sin identificar

La Justicia, apoyada en una Instrucción de la Dirección General de Presupuestos del ente autonómico, ha puesto de relieve ya cómo los miembros del Gobierno del PSOE y más de una veintena de altos cargos incumplieron, «claramente», su obligación legal «de identificar a los beneficiarios de las subvenciones y de acreditar su legitimidad para acceder» a las mismas.

A lo largo de los más de 1.700 folios que conforman el fallo, los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla vinculan directamente la concesión de las ayudas a la Consejería de Empleo que prescindió «de forma total y absoluta» del procedimiento administrativo establecido.

Una irregularidad que fue posible gracias a las «transferencias de financiación», mecanismo diseñado por los responsables socialistas de la Junta de Andalucía -entre los años 2000 y 2011- «que imposibilitaba la fiscalización previa» de las citadas subvenciones.

Pero esa «absoluta falta de control» que observan los magistrados en la concesión de las ayudas, dado que lo único que se vigilaba era que se hiciese efectivo el pago de las mismas, aparece ahora en tal cantidad de casos que, el volumen de dinero robado se disparará hasta situarse como un caso récord en el entorno nacional e internacional.