CSIF, el gran sindicato de la función pública, ha decidido sumarse a la denuncia contra la inacción del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat en los altercados violentos de los últimos días. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato que, además, es la primera fuerza sindical en la Guardia Urbana de Barcelona ha decidido personarse como acusación particular contra los responsables de los altercados en Barcelona donde se intentó quemar una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro.
CSIF no duda en calificar lo ocurrido de “terrorismo urbano”. Es más, el sindicato de la función pública denuncia la inacción del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat en esos ataques, condena enérgicamente los ataques y exige soluciones de inmediato.
Para el sindicato, el dispositivo que se realizó el pasado sábado, en el que se quemó un furgón de la Guardia Urbana, “no fue el adecuado y nunca se debería haber permitido que los violentos llegaran a alcanzar su objetivo, que era la policía y la comisaría de la Urbana. Deberían haber sido disueltos mucho antes de llegar”, destaca CSIF.
CSIF pide que se reconozca a la UREP (Unidad de Refuerzo de Emergencia y Proximidad) como lo que realmente es, “una unidad antidisturbios”. Desde el sindicato reclaman más recursos humanos y materiales (pistolas taser, lanzadoras, armas largas, espray de pimienta y cámaras unipersonales) para hacer frente a “estos ataques que cada vez son más violentos y habituales, y que se prevé que continúen. La GUB quiere trabajar en igualdad de condiciones que los otros cuerpos policías que disponen de unidades antidisturbios como ellos”.
Desde la formación sindical también recriminan a Colau “los recortes presupuestarios en el conjunto de la GUB y la precariedad laboral a la que los ha llevado, y que pretenda que, con menos efectivos, se haga más”. “Si hubiera más policía y se les dejara trabajar, no asistiríamos a estas situaciones que estamos viviendo. En Barcelona se está permitiendo que se destroce la ciudad y la falta de seguridad ciudadana crece cada día. No hay que olvidar que los destrozos que causan estos grupos violentos, los pagan los contribuyentes mientras los responsables políticos siguen sin reaccionar. La impunidad que se les otorga a estos atacantes hace que se sientan cómodos, que sigan con sus acciones y que se quieran instalar aquí. Violencia, llama a violencia y Barcelona es ya una ciudad sin Ley”, destacan desde el sindicato.
“En las intervenciones policiales se han de aplicar los criterios policiales y no los criterios políticos a los que están sometidos las policías catalanas. Los dirigentes de estos cuerpos policiales deben someterse al código ético y deontológico de las policías y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y salvaguardar la integridad del patrimonio y de los ciudadanos”, concluyen desde CSIF.
