Covite y sindicatos de Policía, Guardia Civil y Ertzaintza contra la ley vasca de ‘abusos policiales’

Sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) han pedido a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y a los Ministerios de Justicia y de Interior que el Gobierno no retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de ‘abusos policiales’ y han advertido de que si lo hace, estará cometiendo una «injusticia» con las víctimas del terrorismo y una «inmoralidad».

Según han señalado, la ley de reconocimiento y reparación de
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la
violencia de motivación política en Euskadi entre 1978 y 1999, aprobada en julio de 2016 por el Parlamento vasco, concede a esta comunidad autónoma la potestad de «decidir sobre asuntos de competencia exclusivamente jurisdiccional, y por tanto del ámbito de jueces y magistrados, abriendo la posibilidad a investigar casos sin garantías procesales».

Así lo han manifestado en una carta, que han entregado a la fiscal y a ambos Ministerios, los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP, las asociaciones de guardias civiles AUGC, Unión GC, Unión de Oficiales y APROGC, la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE), la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE) y COVITE.

Consideran que para seguir trabajando por «la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo de ETA», es necesario seguir adelante con el recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy interpuso en el Tribunal Constitucional contra la ley vasca y que ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría decidir retirar como consecuencia de un acuerdo con el Gobierno de Euskadi.

Vulnera la presunción de inocencia

Los firmantes de la carta han afirmado que esta ley, que «podría provocar responsabilidades a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y Autonómicas en el País Vasco», se enmarca en «un contexto de violencia de motivación política» en esa comunidad que atribuye a un «grupo de expertos» la función de investigación y resolución de supuestos delitos de tortura.

«Por si esto fuera poco disparate, en la citada ley figura textualmente que esas labores indagatorias podrán sustentarse en ‘cualquier medio de prueba admisible en Derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo’, es decir, vulnerando el derecho a la defensa o a la presunción de inocencia», han denunciado.

Los sindicatos y asociaciones indican en la carta que si este viernes el Consejo de Ministros anuncia la retirada del recurso de inconstitucionalidad, «estará adoptando una resolución administrativa a sabiendas y con plena conciencia de su injusticia, no ya sólo de su inmoralidad». Y advierten de que, en el caso de que eso ocurra, activarán «todas las consecuencias» que contiene el ordenamiento jurídico.

El TC ya anuló la ley navarra similar

Desde su punto de vista, hay similitudes entre la ley vasca de 2016 y la ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que fue aprobada por el Parlamento foral en 2015 y gran parte de la cual ha sido anulada recientemente por el Tribunal Constitucional por considerar que quiebra el principio constitucional de reserva jurisdiccional del orden penal.

Ambas normas «vienen a colaborar de manera principal en la elaboración de un ‘relato del conflicto’ construido al gusto» de ETA y su entorno y «en nombre de una convivencia» que, en su opinión, «no está amenazada» y que «solo lo estuvo durante décadas» por los terroristas, que «ejercieron la violencia de manera organizada, sistemática e indiscriminada para forzar», destacan.