Carmena incumple su promesa a los militares: les obliga a demoler parte de sus casas

El Consistorio de la capital de España está haciendo la vida imposible a decenas de familias de militares que viven en antiguas colonias. El equipo de Manuela Carmena anunció a bombo y platillo un acuerdo para paralizar expedientes sancionadores abiertos, pero las palabras se las ha llevado el viento.

Los hechos se remontan a 2014 cuando se realizó una campaña de inspecciones del Ayuntamiento en las Colonias Militares de Arroyo Meaques, Campamento, Cuatro Vientos (todas en el distrito de Latina). A muchos vecinos se les abrió expedientes de disciplina urbanística por obras irregulares.

Las viviendas se encontraban en estado ruinoso tras comprarlas al Ministerio de Defensa y necesitaban mejoras urgentes. No era posible hacerlo de acuerdo al exigente plan urbanístico en vigor.

En octubre de 2015, con el cambio de alcaldía, y tras las quejas de los vecinos por las denuncias debidas a la exigencia y rigidez del plan, el Ayuntamiento de Ahora Madrid hizo público un acuerdo con los vecinos de paralizar los expedientes hasta la aprobación de un nuevo plan, para poder permitir legalizar las construcciones ilegales. Se trata de unifamiliares -300 viviendas en total-, de entre 65 y 75 m2 de superficie, edificadas en los años 40.

En una nota de prensa, el Consistorio sacaba pecho de «Acuerdo con los vecinos de las colonias militares de Cuatro Vientos, el Goloso y Campamento». Tras una reunión mantenida entre el delegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, con los vecinos de las colonias se había llegado a un pacto razonable.

Textualmente el Ayuntamiento aseguró: “En tanto se produce la necesaria revisión normativa, el Ayuntamiento paralizará los expedientes sancionadores hasta la entrada en vigor del futuro Plan Parcial, de forma que podrá conservar lo que se esté permitido en dicho documento urbanístico y demoler lo que no cumpla sus determinaciones”.

«El Ayuntamiento no cumple su palabra, pese a estar a escasos meses de poder legalizar unas obras necesarias, las quieren demoler»

Pese a la promesa por escrito, el Ayuntamiento no ha cumplido. Se han emitido órdenes de demolición, ignorando el acuerdo alcanzado con los vecinos e imposibilitando una legalización con el nuevo plan.

Más de 50.000€

Un militar que prefiere mantener su anonimato expresa, en declaraciones a OKDIARIO, que a él le piden más de 50.000 euros por la orden de demolición subsidiaria. Explica que está recurrida en los tribunales, para tratar de que  no sea firme, y poder legalizar las obras una vez se apruebe el nuevo plan. Muchos vecinos han seguido recibiendo órdenes de demolición, pese a las promesas de concejal Calvo. Todo ello a pesar de que a principios de este año se ha presentado, ya para su aprobación, un plan especial de mejora de la zona.

«Queremos denunciar que el Ayuntamiento no cumple su palabra», explican las fuentes consultadas por este diario. «Pese a estar a escasos meses de poder legalizar unas obras necesarias, el Ayuntamiento se afana en contra de su propia palabra en demoler las obras que en breve podrían legalizarse y así recaudar con afán desmedido», indica. Muchos casos son de familias numerosas con varios hijos menores.

El afán recaudatorio se manifiesta, según lamentan, en que de los 3.200 euros originarios se ha pasado a intentar cobrar 50.000 euros por unas obras que un arquitecto independiente ha valorado en poco más de 8.000.

Palabras de Carmena

Esta falta de coherencia en el discurso del Gobierno local ha llegado hasta costas sorprendentes. En un escrito el Ayuntamiento dice que las palabras de Carmena no valen.

«Rechazamos el recurso de apelación, pues los compromisos asumidos o manifestaciones de adoptar ciertas decisiones en un futuro por parte de la Sra. Alcaldesa (…) en tanto en cuanto no se han visto reflejados en los pertinentes actos administrativos, quedan fueran del ámbito de enjuiciamiento de este recurso», expresan desde el Ayuntamiento.