La abogada del Estado purgada por Sánchez: «Quiero honrar a quienes defienden la ley y su nación»

“Quiero honrar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al juez Ramírez Sunyer y a todos los ciudadanos de bien que trabajan por defender su nación”. Así se ha despedido Carmen Tejera, la abogada del Estado que acaba de ser cesada por el Gobierno de Sánchez. Ella fue la persona decisiva para demostrar y condenar a los golpistas del 1-O por malversación de fondos gracias a su labor desde Hacienda. Pedro Sánchez decidió purgarla por exigencia de ERC el mismo día que se sentaba con Quim Torra para negociar las cesiones ante los separatistas.

“Para mí es un lujo ser servidora pública” y más ante “los acontecimientos que hemos vivido, vivimos y viviremos con Cataluña”, afirma Carmen Tejera en su vídeo de despedida que hoy reproduce OKDIARIO. En una reunión con sus hasta ahora compañeros, Tejera señala: “A mí me encargaron coordinar a un grupo de compañeros [en la investigación de la malversación del 1-O] probablemente porque no encontraron a nadie… y a mí me tocó. A lo mejor a nadie le hacía mucha gracia”. Pero para ella aquello se convirtió en un “lujo”.

Carmen Tejera subraya que por todo ello quiere “honrar la labor de la Guardia Civil y de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la asistencia de la Policía Nacional y de todos los funcionarios y ciudadanos de bien que simplemente han trabajado por la causa de defender la ley y a su nación”.

La abogada del Estado tiene palabras de especial cariño para “el juez magistrado del número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, un auténtico héroe al que los disgustos le costaron la vida, igual que el fiscal jefe de Cataluña Romero de Tejada, igual que al fiscal general del Estado el señor Maza”. Ramírez Sunyer murió tras instruir la causa contra los golpistas desde el inicio gracias a la querella presentada por Vox.

Figura clave

Carmen Tejera ha sido cesada por Pedro Sánchez a exigencia de ERC y el mismo día en el que se reunía en la Mesa de Negociación con Quim Torra. Y lo ha hecho, precisamente por ser la figura clave en la condena por malversación a los golpistas.

En la Mesa, de hecho, lo pidió -como ha informado OKDIARIO- uno de los negociadores por el bando separatista: Josep María Jové. Y es que Jové, uno de los interlocutores independentistas que se sientan en la mesa formada por el PSOE, acaba de recibir la exigencia de una fianza solidaria de 4,5 millones de euros gracias, principalmente, a la labor investigadora y defensora del Estado de Carmen Tejera.

El propio Jové pidió en la conformación de la mesa la cabeza de la abogada del Estado. Sánchez quiso mostrar su predisposición a agradar a los separatistas decapitando a la profesional que ha defendido el cumplimiento de la ley.

Desde ERC y JxCat tenían la venganza guardada. Los testimonios e informes de la abogada del Estado decapitada por Sánchez fueron claves para condenar a los golpistas por malversación. Pero no sólo a los más conocidos. Uno de los artífices del golpe separatista, y al que se consideraba entre los independentistas como el «arquitecto de las estructuras de Estado» de la pretendida república independiente de Cataluña, también fue golpeado por la labor impecable de Tejera. Esa persona era Josep María Jové, imputado aún y miembro de la mesa de negociación montada por Sánchez para decidir el futuro de Cataluña.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de comunicar el procesamiento por el 1-O de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, altos cargos destacados por encima del resto bajo el mando del condenado Oriol Junqueras. La acusación a Josep Maria Jové y Salvadó incluye desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Y, por ahora, esa batería penal les ha costado ya una fianza de 4,5 millones de euros.

En el auto, la magistrada del TSJC Maria Eugenia Alegret, que ha instruido la causa en el Alto Tribunal, señala que ambos tuvieron una «participación activa» en los preparativos del 1-O y en la planificación de las denominadas «estructuras de Estado».

La juez, que ha citado a los dos diputados de ERC el próximo 11 de marzo para una declaración judicial una vez notificado su procesamiento, les ha impuesto la obligación de acudir mensualmente al juzgado, les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir de España y les ha fijado una fianza por responsabilidad civil de 2,8 millones en el caso de Jové y otra de 1,6 millones compartida para ambos.