La cárcel de Brieva propone por unanimidad el tercer grado para Urdangarin

No se daban las condiciones 

Los magistrados anularon en septiembre el tercer grado para Urdangarin por entender que no se desprende «de la conducta global del interno una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permita inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad, siendo precisa la consolidación de la evolución personal del mismo», aducían los magistrados.

Se daba la circunstancia de que en el auto referido al permiso de una salida mensual para que Urdangarin pasara un fin de semana en casa de su madre, autorizado por el juez de vigilancia de Valladolid el 13 de agosto en virtud de un artículo del Reglamento Penitenciario que permite aplicar en segundo grado beneficios del tercero, la Audiencia de Palma entendió que no se daban las condiciones que lo justifiquen.

Recordaba que las penas privativas de libertad tienen como objetivo la reinserción social del reo, pero también la «prevención general y especial» mediante la intimidación al conjunto de la sociedad y al delincuente autor de delitos graves, que en el caso del marido de la Infanta Cristina son los de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y contra la Hacienda Pública.

También que cuando la junta de tratamiento de Brieva acordó proponer la flexibilización de grado, Urdangarin llevaba cumplido algo más de una cuarta parte de la condena, a cuya mitad llegará el 12 de mayo de 2021 y que finalizará el 9 de abril de 2024.

Aislamiento

También tomaba en consideración que el preso, hasta que se restringieron las actividades generales por la pandemia de coronavirus, salía tres veces por semana a hacer trabajo voluntario en una entidad de asistencia social y había disfrutado de permisos ordinarios, por lo que no sufre condiciones excepcionales de aislamiento más allá de las que le suponen permanecer en un módulo especial en una cárcel de mujeres por razones de seguridad.

La Audiencia balear entendió que el programa de salida propuesto no guardaba «ninguna relación» con la tipología delictiva por la que el preso cumple condena y, por lo tanto, señalaba que no «se atisba qué efecto en el tratamiento penitenciario encaminado a su reinserción puede tener».