Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 37 días: las ayudas por el volcán de La Palma siguen sin llegar

El 19 de septiembre de 2021, el volcán Cumbre Vieja entró en erupción y provocó una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de España. Durante 85 días, la lava arrasó viviendas, carreteras y explotaciones agrícolas. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció ayudas urgentes y prometió que no dejaría atrás a los afectados. Sin embargo, cinco años después, la reconstrucción sigue incompleta y parte de la financiación comprometida continúa sin llegar.

Uno de los principales motivos de controversia son los 400 millones de euros que el Ejecutivo central se comprometió a aportar en noviembre de 2023, a razón de 100 millones anuales. Según denunció el pasado 13 de octubre la consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián, el Estado únicamente había transferido los primeros 100 millones, ingresados en enero de 2024. Los otros 300 millones del compromiso seguían sin abonarse a las cuentas autonómicas.

La polémica se agravó en 2025. En octubre de ese año, la Comisión Mixta para la Reconstrucción de La Palma anunció un acuerdo para que el Gobierno central aprobara en noviembre la transferencia de otros 100 millones. Sin embargo, el decreto aprobado finalmente no estableció una nueva aportación estatal, sino que autorizó a Canarias a utilizar 100 millones de su propio superávit presupuestario para financiar ayudas a los damnificados.

La fórmula volvió a repetirse en septiembre de 2026, cuando el Ejecutivo autorizó el empleo de otros 100 millones procedentes de recursos autonómicos. Una decisión que el Gobierno canario ha cuestionado por considerar que permitir gastar dinero propio no equivale a cumplir el compromiso de financiación estatal.

Los retrasos tienen consecuencias concretas para los afectados. Cinco años después de la erupción, 60 viviendas modulares y prefabricadas seguían ocupadas por familias que todavía no habían podido acceder a una solución residencial definitiva. A ello se suman las dificultades para reconstruir explotaciones agrícolas, recuperar terrenos y restablecer infraestructuras destruidas.

Las administraciones sí han concedido ayudas. El Gobierno central cifra en más de 1.500 millones de euros el conjunto de actuaciones estatales vinculadas a la recuperación, mientras que Canarias informó de que había completado las compensaciones correspondientes a unas 800 viviendas habituales destruidas.

Sin embargo, la existencia de ayudas no elimina los retrasos ni los compromisos económicos pendientes. Cinco años después de que Sánchez prometiera una reconstrucción rápida y apoyo a los damnificados, numerosas familias siguen esperando recuperar plenamente sus viviendas, sus tierras y sus medios de vida.