La Audiencia solicita que los implicados del ‘caso Villarejo’ puedan declarar sobre secretos oficiales

El juez del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, Diego de Egea, pedirá en los próximos días al Gobierno que le autorice para tomar declaración a imputados en la causa sobre información protegida por la Ley de Secretos Oficiales.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el magistrado tiene la intención de solicitar al Consejo de Ministros esta autorización, como le ha reclamado la Fiscalía Anticorrupción.

Si el Ejecutivo lo autoriza, los investigados podrán hacer revelaciones que actualmente les prohíbe dicha norma y la Ley de Gastos Reservados, en este último caso en relación al uso de fondos reservados en operaciones policiales.

En concreto, quiere tomarles declaración sobre la operación Kitchen, el dispositivo que supuestamente encargó el Ministerio del Interior en 2013 para recuperar documentos sensibles que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas se había llevado de la sede del PP.

Un caso por el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que cite como investigados al ex número dos de la Policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, y al que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien supuestamente habría fotocopiado los documentos del ex tesorero a cambio de dinero procedente de los Fondos Reservados.

En ese dispositivo habrían participado el ex comisario José Villarejo y también Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO) y considerado mano derecha del primero.

Precisamente El Gordo pidió hace una semana permiso al juez para poder declarar sin atenerse a la Ley de Secretos Oficiales sobre los supuestos pagos con fondos reservados que se hicieron al chófer de Bárcenas con el objetivo de obtener esos documentos.

Era la segunda vez que le hacía esta petición, después de que el 10 de octubre ya pidiera a De Egea declarar fuera de esa ley, para lo que le solicitó que se pidiera autorización al Consejo de Ministros.

El motivo de esta petición radica en que el juez aún no ha resuelto la solicitud que le hizo García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, de poder «declarar libremente sin las prohibiciones impuestas por la Ley de Secretos Oficiales» y «por la Ley de Gastos Reservados» en relación al uso de fondos reservados en operaciones policiales».