La Audiencia confirma que la investigación del ‘caso Pujol’ se alargará hasta marzo de 2021

familia pujol
La foto de familia de los Pujol, tomada en Barcelona en 1986 (Foto: Efe)

La Audiencia Nacional ha confirmado este martes la decisión del juez instructor José de la Mata de extender la investigación del ‘caso Pujol’ durante 18 meses más, es decir, hasta el 23 de marzo de 2021. La investigación se centra en conocer el origen de la fortuna del ex presidente catalán y su familia.

En consonancia con lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce Podemos, la Sala rechaza así el recurso interpuesto por la defensa de Mercè Gironés, ex esposa de Jordi Pujol Ferrusola, quien solicitó que finalizara un año antes de lo que había establecido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara resalta en su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que esta causa «ya fue declarada compleja» hace más de tres años, ya que se «investiga la existencia de un presunto grupo u organización criminal, que involucra a gran cantidad de investigados y numerosos hechos punibles».

La complejidad de la causa «exige la realización de pericias o de colaboraciones que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, así como el libramiento de numerosas comisiones rogatorias internacionales y otros instrumentos de cooperación jurídica internacional».

Y a día de hoy, la investigación del ‘caso Pujol’ «no está finalizada», apuntan los magistrados, pues como remarcó Anticorrupción en su informe, «están pendientes que se cumplimenten diligencias de prueba, en concreto, comisiones rogatorias internacionales dirigidas a Andorra y a Luxemburgo de cuyo resultado pudiera derivarse la necesidad de practicar nuevas diligencias».

Muchos delitos y muchos investigados

Según el Ministerio Público, este razonamiento «no es un mero automatismo», ya que la causa se dirige contra «numerosos hechos punibles e involucra a gran cantidad de investigados». «La instrucción, necesariamente, está obligada a indagar y practicar las diligencias precisas para incorporar a la causa la documentación y evidencias necesarias para esclarecer los hechos objeto de investigación», subraya.

Y del análisis y estudio de la documentación que se incorpore tras todas estas diligencias se derivarán otras y también «nuevos informes de los auxilios judiciales de la Agencia Tributaria sobre las distintas operaciones sometidas a investigación en esta parte de la causa».

«Es, pues, evidente, que se continúa necesitando la realización de pericias complejas, práctica de actuaciones en el extranjero y revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas y que, por tanto, la prórroga de la instrucción mediante un plazo máximo final es necesaria y está plenamente justificada», explica Anticorrupción.

Con estas premisas, la Sala de lo Penal entiende que «no se está meramente a la espera de recibir el resultado de las diligencias de investigación ya acordadas», como se argumenta en el recurso de Gironés, «sino que se trata de una instrucción de gran complejidad en la que se requiere acordar y practicar ulteriores diligencias y continuar con la actividad investigadora, todavía no finalizada».

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