Asociaciones de jueces y fiscales dan por ‘amortizada’ a Delgado y renuncian a reunirse con ella

Las principales asociaciones de jueces y fiscales dan por ‘amortizada’ a la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras el adelanto electoral convocado aprobado en Consejo ministerial extraordinario, el próximo 28-A, tal y como confirmaba el propio Pedro Sánchez.

Jueces y fiscales, que mantenían fuertes reivindicaciones profesionales frente a la titular de la cartera de Justicia, entienden que «ante la coyuntura política que supondrá un Gobierno que, en breve, comenzará
su interinidad», «carece de sentido» mantener la reunión negociadora del próximo miércoles 20 de febrero, a la que fueron convocados hace unos días

Además, se plantean «la posibilidad de desconvocar los paros» previstos para los próximos días 5, 6 y 7 de marzo de 2019, «así como el resto de medidas de presión anunciadas» dado que la capacidad de decisión de «un interlocutor en funciones» estará limitada, aseguran.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más importante por número de miembros, han comunicado oficialmente este lunes a la ministra Delgado que no acudirán a ningún encuentro más y esperan que a su postura se sumen en las próximas horas el resto de asociaciones.

Delgado «no ha acometido ni una sola de las medidas que hemos reclamado» y que ella misma defendía antes de ser ministra

Desde la asociación, destacan la fallida «por escandalosa» renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también que el Gobierno socialista, en contra de los comprometido por Delgado, «no ha acometido ni una sola de las medidas que hemos reclamado».

Recuerdan, además, que en una carta del pasado 31 de enero, la propia ministra «se atribuía a su equipo ministerial mejoras que, en realidad, no se habrían producido».

«Pero lo cierto es que ni se ha producido la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)», que afecta a la limitación temporal de las diligencias de instrucción de los procedimientos judiciales penales, «ni se han concedido las mejoras retributivas solicitadas, más allá de una escueta partida para los jueces y fiscales más jóvenes, ni se ha paralizado el polémico proyecto de Justicia digital», lamentan.

La derogación de la reforma que limitó a 6 meses la investigación judicial de procesos penales, una de las exigencias incumplidas. 

Así, exigen a Delgado y al Gobierno de Pedro Sánchez que «al haberse prorrogado automáticamente los Presupuestos Generales del Estado, convoque por Decreto las 300 plazas de oposición a las carreras judicial y fiscal que estaban presupuestadas para 2018». Opinan que la actividad judicial no puede quedar condicionada «al paréntesis que supone la convocatoria de elecciones generales».

«La obtención de una mejor Justicia para España y de las condiciones profesionales de la carrera judicial es una cuestión de Estado, no de partidos políticos», concluyen. Y advierten de que seguirán insistiendo en sus reivindicaciones, tras la conformación de un nuevo Ejecutivo, el próximo mes de mayo.