La acusación popular pide que el ex embajador de ZP en Venezuela se siente en el banquillo por organización criminal

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso Morodo, solicita al Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid, sentar en el banquillo al ex embajador de España en Venezuela, a su hijo Alejo Morodo y a la mujer de éste, Ana Catarina Varandas, por delitos de fraude a Hacienda, entre otros.

Como aparece en el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, la acusación popular pide tres años de prisión para Raúl Morodo, por el delito de organización criminal. A ello, añade tres años de cárcel por delitos de blanqueo de capitales y por el delito contra la Hacienda pública,-cometido en ejercicio de 2014-, solicita 3 años y seis meses de prisión además de una multa de 378.700 euros con arresto sustitutorio. A esta cuantía hay que sumar 126.222,23 euros por la defraudación cometida en la declaración del IRPF del ejercicio 2014.

Para el hijo del ex embajador, Alejo Morodo, la acusación popular pide 5 años por cada delito de blanqueo agravado de capitales y organización criminal. A ello cabría añadir el delito contra la Hacienda pública ejercida en 2013, por el que se suman cinco años de prisión y una multa de 2.500.000 euros con arresto sustitutorio, y por el mismo delito, pero ejercido en el siguiente año (2014) se añaden una pena de 3 años y 6 meses de prisión, multa de 1.265.000 euros con arresto sustitutorio.

Para la mujer de éste, Ana Catarina Varandas, la acusación cree conveniente pedir por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, tres y dos años respectivamente. Sin embargo, para los delitos de Hacienda pública en 2013 solicitan una pena de 5 años de prisión, multa de 2.500.000 euros y para el mismo delito realizado en el año 2017 una pena de tres años y seis meses de prisión, multa de 1.310.000 euros con arresto sustitutorio.

Además de todo esto, el hijo y la nuera del ex embajador Morodo, deberán indemnizar a la Hacienda pública las siguientes cantidades de dinero, dependiendo del año en el que se cometió el delito. Para 2013 deberán abonar conjuntamente una cantidad de 617.442,62 euros, para los delitos cometidos en el siguiente año Alejo Morodo abonará 315.273,52 euros, y para los delitos contra Hacienda cometidos en 2017 la nuera del ex embajador deberá pagar 435.970,43 euros.

Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción pidió una pena de tres años y seis meses de cárcel para el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por participar en una trama societaria para defraudara Hacienda junto a su hijo (Alejo Morodo) y la mujer de éste (Ana Catalina Varandas).

En el escrito, la fiscalía va mas allá y castiga al ex embajador a pagar una multa de 378.700 euros más 126.222 euros por la defraudación cometida en la declaración del IRPF del ejercicio de 2014.

Según los indicios que ha seguido la Audiencia Nacional, Morodo y sus familiares idearon una trama para defraudar a Hacienda entre 2011 y 2017. Alejo Morodo se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal; pero, «consciente de que la debida tributación de las rentas que obtenía en el desarrollo de esa actividad por el IRPF le supondría un considerable desembolso», decidió crear una red de tres sociedades interpuestas para evitar los pagos al fisco. De esta manera, según el juez, el hijo del diplomático tributó las rentas a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor.

Así consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, que también solicita 8 años y medio de cárcel para Alejo Morodo, hijo del anterior, y la misma cantidad para Ana Catarina Varandas, esposa de este último. Se pide a cada uno multas que superan los 3,7 millones de euros por dos delitos de fraude fiscal. El Ministerio Público también plantea que estos dos procesados indemnicen a la Agencia Tributaria con otros 1,4 millones de euros.

Cristina Cañeque

Después de un año, el Ministerio Público se ha hecho eco en su escrito de un informe de Hacienda unido a la investigación en enero de 2023 en el que dice respecto a Cañeque,- mujer del ex embajador-, que «no aprecia la existencia de dolo» en la operación investigada por la que el fisco habría dejado de ingresar 1 millón de euros por el IRPF de 2016.

El fiscal de la Audiencia de Madrid explica que dado que la Agencia Tributaria ha modificado su criterio inicial y descarta la voluntad defraudatoria por las dificultades para apreciar un motivo económico válido, entiende que el asunto se somete al ámbito de la recaudación tributaria administrativa, al margen del penal.

Sin embargo, matiza el Ministerio Público, este archivo no va en perjuicio de las acciones que la Agencia Tributaria quiera emprender para que Cañeque proceda a la regularización fiscal por la vía correspondiente.

Si bien la Fiscalía se apoya en un reciente informe de Hacienda para pedir el archivo, previamente otro informe de la Agencia Tributaria emitido en el marco de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional contra Morodo fue el que sirvió para comenzar esta causa en los juzgados madrileños.

Juicio por fraude

El juez Alejandro Abascal, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, propuso juzgar a Raúl Morodo, embajador en Venezuela mientras era presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado también sugirió sentar en el banquillo a su hijo Alejo Morodo y a la mujer de este último, Ana Catalina Varandas, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, Abascal atribuye a los investigados el delito agravado contra la Hacienda Pública. En el caso de Raúl Morodo, lo hace por el ejercicio económico de 2014; respecto a su hijo, por los años de 2013 y 2014 y sobre su nuera, por los ejercicios de 2013, 2014 y 2017.

Esta decisión del instructor llega después de que acordase la creación de una pieza separada en el denominado caso Morodo, un movimiento que acercaba al banquillo al ex embajador y su círculo familiar. Fue la Fiscalía la que solicitó la formación de la citada pieza para que se pudiera así continuar con los trámites del procedimiento abreviado, como finalmente ha ocurrido.