El más alto cargo de la Generalitat sin cesar por el 155 acusa a Rajoy de reprimir libertades

El todavía secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés, el más alto cargo del Gobierno catalán entre los que siguen sin ser cesados por el Ejecutivo central en aplicación del artículo 155, ha aprovechado este 1 de mayo para arremeter contra la ‘Administración Rajoy’ por reprimir libertades en Cataluña.

Aragonés, adjunto a la Presidencia de ERC, ha participado en la manifestación de CCOO y UGT en Barcelona por el Día del Trabajador y ha enfatizado que en esta comunidad se vive una «ola reaccionaria contra los derechos civiles y libertades que afecta a todos; no sólo a los independentistas, sino también a otros movimientos sociales».

En otro ataque al Estado de Derecho, dirigido fundamentalmente al poder judicial, el secretario de Economía de la Generalitat ha manifestado que «hay sindicalistas encausados por los mismos delitos por los que se está encausando a buena parte de la base social independentista». En esta línea, Aragonés ha exigido la libertad de los presos secesionistas y «el retorno libre de las personas que se encuentran exiliadas».

En concreto, Aragonés se ha referido especialmente a la ex consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, militante de UGT y actualmente en prisión preventiva en el centro penitenciario de Alcalá Meco (Madrid) por su participación en el golpe separatista. El secretario de Economía de la Generalitat ha calificado Bassa como «una de las grandes sindicalistas de Esquerra Republicana, nuestra consejera de Trabajo».

El dirigente republicano ha asegurado que ERC se manifiesta «por la defensa de una salida digna de la crisis, por la mejora de las condiciones de trabajo, de mejora de salarios y por la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres».

«Regresión»

Aragonés ha declarado que «salimos a la calle para defender los derechos civiles y políticos, porque no son sólo los derechos laborales los que hoy son objeto de nuestra movilización, sino también el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación. Hoy la persecución de estos derechos está afectando al independentismo, ha afectado al movimiento sindical y puede afectar también en el futuro a esta regresión de derechos y libertades».

El nombre de Pere Aragonés aparece en el informe con fecha de 19 de marzo que la Guardia Civil mandó al juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, dentro de la investigación sobre los preparativos de la consulta separatista del 1 de octubre.

En ese informe, los agentes señalan que el ex número dos de Oriol Junqueras (ERC) en la Consejería de Economía, Josep María Jové, realizó diferentes gestiones para aprobar una transferencia por valor de 3,4 millones de euros para campañas publicitarias del referéndum ilegal del 1-O, atendiendo a la petición de Pere Aragonés, que le apremió para liberar este dinero.

Según el informe policial, Aragonés «comenta que se tendría que preparar la aprobación de la transferencia por un importe de 3 millones, que igualaría el gasto hecho en 2016 y que, atendiendo a que Presidencia lo reclama, no habrá problema si toda la documentación entra el 28 de agosto». Jové contesta este correo a Aragonés y a Ana Tarrach, directora general de Presupuestos, y les dice que «ha pedido que el Nin envíe una petición formal de todas maneras».

Nin es Joaquim Nin, secretario de Presidencia de la Generalitat y uno de los investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El Gobierno de Mariano Rajoy también lo mantiene en el cargo pese al 155.