El Tribunal de Cuentas enmienda la empresa de vivienda anunciada por Sánchez: «Causará desigualdades»

El Tribunal de Cuentas presentará este martes al Congreso y Senado un informe que recomienda al Gobierno reforzar la cooperación y coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos al desarrollar los planes de vivienda estatales. Una situación que coincide con el anuncio de Sánchez durante el 41º Congreso Federal del PSOE de su intención de crear una empresa de vivienda pública.

En concreto, la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, presentará a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) las principales conclusiones del informe de fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, realizadas por los órganos de la Administración General del Estado.

El Tribunal considera que este plan cuenta con debilidades en la planificación y diseño, derivadas, especialmente, de su desconexión con las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y de una insuficiente coordinación y cooperación entre los agentes implicados como son el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y el Tercer Sector.

Según la institución, estas debilidades propician la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia de vivienda por las diferentes comunidades, incrementando el riesgo de que se produzcan desigualdades.

La inseguridad jurídica también tiene un papel importante en el posible fracaso de la nueva empresa de vivienda pública de Sánchez, según los expertos de APCEspaña: «Creemos que el Gobierno, si quiere impulsar medidas efectivas que incidan en la oferta de vivienda pública, debería centrar todos sus esfuerzos en sacar adelante la reforma de la Ley de Seguridad Jurídica (más conocida como Ley de Suelo), además de favorecer que las administraciones locales y autonómicas puedan poner suelo público a disposición de promotores públicos y privados, entre otras acciones. Asimismo, desde el sector reiteramos nuestra disposición para impulsar herramientas efectivas de colaboración público-privada que permitan incrementar el parque de vivienda pública en España».

Otro de los problemas de este proyecto es la falta de información que hay en torno a él. «La construcción de vivienda pública es una actividad intensiva en capital, y para que este anuncio cuente con la credibilidad necesaria, además de necesitar detalles de cómo será este nuevo ente, es preciso conocer la dotación presupuestaria que se le vaya a destinar, para que no quede en un simple anuncio en un acto político», aseguran desde APCEspaña.

La empresa de vivienda pública fracasará

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en el 41º Congreso Federal del PSOE su intención de crear una empresa de vivienda pública capaz de construir y gestionar la vivienda desde la Administración General del Estado. Sin embargo, desde el anuncio los expertos en la materia y los constructores han puesto el grito en el cielo, ya que muchos ven que esto es «inviable». En concreto, desde APCEspaña consideran que «La promoción de vivienda pública requiere de muy alta profesionalización y de un marco regulatorio claro», además de que han destacado que la falta de seguridad jurídica es uno de los grandes obstáculos de este proyecto en nuestro país.

«Se necesita una seguridad jurídica que permita realizar las inversiones necesarias para desarrollar proyectos con garantías y sin cambios normativos que demoran e incluso paralizan la actividad promotora», defienden desde APCEspaña.

Una medida populista

El objetivo del presidente del Gobierno es solucionar el problema de la vivienda frente a los «ataques» de la oposición, según ha anunciado durante el Comité Federal del PSOE. En concreto, Sánchez ha destacado que responderá a las críticas actuando en el Boletín Oficial del Estado con una nueva política progresista, en el caso de la vivienda, con una nueva empresa pública para hacer frente a este gran problema y hacer frente al cuestionamiento de la ley de vivienda.

Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha alabado esta propuesta desde Bruselas: «Es importante que España se dote de una agencia pública de vivienda, pero es más importante cumplir con el mandato constitucional que dice que no se puede especular con la vivienda».