El Santander se enfrenta abiertamente a Sánchez por primera vez y decide recurrir el impuesto a la banca

Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, ha decidido enfrentarse abiertamente a Sánchez por primera vez y ha ordenado a los servicios jurídicos de la entidad que se recurra ante los tribunales el impuesto a la banca aprobado por el Gobierno. Aunque la entidad ha sido desde el primer momento muy crítica con el nuevo gravamen, en línea con el resto del sector y con la posición mantenida por la Asociación Española de Banca, que ahora preside Alejandra Kindelán, antigua directora del servicio de Estudios del Banco Santander, había evitado hasta la fecha dar un paso al frente. Pero así se hará, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, que señalan el descontento creciente del banco contra los ataques del Gobierno al sector, en el que ven una suerte de criminalización.

Hasta ahora ya han anunciado recursos Bankinter e Ibercaja. En todos los casos, las entidades pagarán el impuesto a la banca, pero lo impugnarán ante los tribunales. El presidente Sánchez señaló nominal y públicamente a Ana Botín y a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, cuando los dos mostraron su rechazo a los impuestos a la banca y a las eléctricas. «Si se quejan es que estamos acertando», afirmó en una comparecencia con militantes del partido. Irónicamente, tanto uno como otro han sido requeridos repetidamente por La Moncloa para asistir a las presentaciones frecuentes de los diversos planes del Gobierno a cargo de Sánchez, sobre los fondos de nueva generación de la UE y sobre las cuestiones más diversas. Allí han estado siempre en una señal de apoyo institucional, pero en estos momentos las relaciones entre el Gobierno y el mundo empresarial están completamente rotas.

El Banco Santander fue de los primeros en reprochar la implantación del nuevo impuesto y en cuantificar su impacto económico. Su consejero delegado, José Antonio Álvarez, calculó en su momento que cumplir con el objetivo de recaudación de 3.000 millones en dos años, como pretende el Ejecutivo, restará al sector capacidad para prestar alrededor de 50.000 millones. También apuntó que los primeros que podrían sufrir por el impuesto son los accionistas, pero también la economía en general.

El directivo también ha advertido de que, en general, los cambios súbitos en las reglas del juego elevan el coste de capital, lo que termina afectando a la riqueza en general y al nivel de empleo. Álvarez y otros ejecutivos bancarios están muy preocupados por el efecto de estigmatización del sector que entraña el nuevo impuesto, en la que el Gobierno ha incidido en los últimos meses resaltando los altos beneficios de la banca y desacreditándola ante la opinión pública. «Hay una situación, unos orígenes muy claros de por qué tenemos la inflación actual y, de repente, la solución parece ser cargar con más obligaciones a algunos sectores, cuando en el periodo del Covid-19, si algo ha hecho la banca es un esfuerzo enorme, manteniendo las oficinas abiertas para atender a los clientes», ha manifestado Álvarez.

En cuanto a los presuntos los beneficios extraordinarios que tendrá el sector bancario por la subida de tipos de interés, que es el pretexto utilizado por el Gobierno para establecer el tributo, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, ha recordado que el sector tenía una rentabilidad del 6% al cierre de 2021, «poco más que la mitad del coste de capital»., y que esta es una tesis que no se sostiene salvo que se piense que el sector vaya a multiplicar los resultados por tres, algo bastante improbable.  Actualmente, la banca ya paga unos impuestos muy alto, con un tipo del 30% -frente al 25% general de Sociedades- y además contribuye al erario público a través del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) o las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución Europeo.

En un informe al respecto, el BCE ha rechazado el impuesto a la banca, que puede dar lugar a que las entidades ofrezcan condiciones menos favorables a sus clientes al proporcionar préstamos y otros servicios, y también puede inducir a ciertos bancos a reducir sus actividades, lo que llevaría a una reducción en la disponibilidad de crédito, creando incertidumbre para estos bancos. El BCE ve riesgos de que el nuevo tributo inventado por Sánchez cierre el grifo de crédito y que los préstamos sean más caros, como está sucediendo en los últimos días. El informe no es vinculante, como sucede en estos casos, y el presidente Sánchez ya ha avisado que le hará caso omiso y que las nuevas figuras tributarias seguirán adelante pese a quien pese.