Sánchez dispara la hipoteca de gasto público que pagarán las generaciones futuras

El gasto público a largo plazo se dispara. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lleva ni un año en el Palacio de La Moncloa pero su herencia financiera la van a notar, y mucho, las próximas generaciones. A pesar de que no pudo aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, su afán por gobernar a base de decretos leyes y los denominados ‘viernes sociales’ dañarán a largo plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Los pagos a largo plazo (que recogen subvenciones o ayudas comprometidas para los próximos años o décadas, inversiones previstas para más allá del ejercicio en curso, los planes de vivienda diseñados en el largo plazo, o los compromisos del Ministerio de Defensa) restan salud a las finanzas del futuro y cargan con la losa del gasto público a personas que no están en edad de trabajar y a aquellos españoles que ni siquiera han nacido.

En sólo diez meses los pagos estatales comprometidos más allá de cada ejercicio presupuestario (excluyendo, como recomiendan los interventores del Estado, el capítulo que recoge el pasivo financiero, es decir, la amortización de la deuda) alcanzaron los 297.228 millones en abril de este año, un 3% más que en junio de 2018, cuando se produjo la moción de censura.

El Ejecutivo ha disparado el gasto a largo plazo del Estado en 8.811,6 millones de euros entre junio de 2018 y abril de 2019, según se puede extraer de los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

Es especialmente preocupante que se están disparando los pagos plurianuales a pesar de que los gastos financieros (los intereses que se pagarán por la deuda pública) se han reducido como consecuencia de que el buen entorno internacional está permitiendo que se reduzca la prima de riesgo.

Mientras tanto, el Gobierno ha aumentado especialmente las inversiones comprometidas para los próximos años. Concretamente ha disparado esta partida un 20%. Han pasado de 22.591 millones en junio del año pasado a 27.509 millones en abril de este año, según los últimos datos disponibles.

Las transferencias corrientes a largo plazo, que son las que se destinan a otras administraciones u organismos para garantizar la prestación de servicios o cumplir con el marco regulatorio, se han multiplicado prácticamente por cinco. Ha pasado de los 2.096 millones de euros en junio de 2018 a los 10.078 millones en abril de 2019, un 380% más.

Las transferencias de capital plurianuales, que son las ayudas o subsidios que se dan a otros organismos o administraciones para que lleven a cabo actuaciones concretas, se han disparado un 85,4%. Han pasado de los 1.781,22 millones de euros en junio de 2018 a los 3.304 millones de euros en abril de 2019.

El gran problema es que España sigue teniendo actualmente un déficit público elevado, que no permite reducir una deuda pública que sigue rozando el 100% del PIB, y numerosos desafíos a los que hacer frente en las próximas generaciones.

La transformación del mercado laboral (muchos empleos desaparecerán y aparecerán otros nuevos, lo que obligará a los trabajadores a reconvertirse), el envejecimiento de la población y la posibilidad de que se produzca una nueva crisis son algunos problemas que surgirán a medio y largo plazo y requieren unas cuentas públicas saneadas para hacerles frente.