El salario mínimo expulsa del mercado laboral a 450.000 personas en España

El salario mínimo crea desempleo. Está máxima de la teoría económica se olvida a menudo, especialmente cuando se acercan los periodos electorales. El PSOE promete elevarlo hasta 1.000 euros y el resto de formaciones de izquierda le sigue en este enfoque. Lo que no suelen explicar los partidos que defienden su subida es que en la actualidad hay casi 450.000 parados en España como consecuencia de esta política de fijación de salarios mínimos.

Según revelan las cifras aportadas por el think tank Civismo, existen 447.916 personas que han sido expulsadas del mercado laboral por la existencia del salario mínimo regulado por ley.

Quienes resultan más perjudicados son precisamente aquellos a los que la regulación intenta proteger

“La aparición de estos nuevos parados corresponde a la supresión de aquellos empleos que dejan de ser rentables debido a que su productividad es inferior al coste de su sueldo más los impuestos”, tal como explica Julio Pomés, presidente de la organización.

Aunque el objetivo político de que exista el salario mínimo es evitar que haya trabajadores que cobren por debajo de un determinado nivel de renta (en la actualidad se sitúa en los 648 euros), la realidad es que aquellos empleados que no son capaces de generar el valor añadido a la empresa que compense ese sueldo pasan a engrosar las cifras del paro.

A este respecto, el catedrático de Economía Francisco Cabrillo señala que “la idea clave es que el salario mínimo no afecta por igual a todos los que forman la población activa de un país; y que quienes resultan más perjudicados por su existencia son precisamente aquellos a los que la regulación intenta proteger; es decir, los menos cualificados, entre los que ocupan un lugar importante los jóvenes sin experiencia laboral”.

Y esto no sucede sólo en España. Un estudio elaborado por los economistas Jeffrey Clemens y Michael Wither, los aumentos del salario mínimo que se produjeron desde 2006 hasta 2012 en Estados Unidos generaron 1,4 millones de nuevos parados, “reduciendo la probabilidad de que los trabajadores no cualificados lograran lo que podríamos denominar como ingresos de clase media-baja”.

El economista y director del IJM, Juan Ramón Rallo, apunta que “la subida del SMI no es un programa gubernamental especialmente focalizado en beneficiar a las capas más desfavorecidas de la sociedad, ya que a efectos prácticos, equivale a un incremento del gasto público distribuido casi aleatoriamente por la sociedad”.

Por lo tanto, enmarca las promesas de los partidos de izquierda en una especie de “tómbola electoral” , ya que “en los últimos 30 años de historia económica de España jamás ha habido un aumento ni remotamente parecido” al que prometen PSOE e IU.

Suiza lo rechaza en referéndum

En países como Suiza, los electores son conscientes de los problemas económicos de un salario mínimo. Hace un año el 77% de los ciudadanos rechazaron en referéndum instaurar un sueldo mínimo por ley, iniciativa que había sido lanzada por los sindicatos y el Partido Socialista suizo.

Precisamente, los sectores de la hostelería, la restauración, la limpieza y el cuidado de personas fueron los que se opusieron a la propuesta, argumentando que con un salario mínimo se reduciría el empleo en estas actividades de baja productividad., tal como explica la teoría económica desde hace siglos.