Ribera castiga a las gasistas, que no encarecen el recibo, a pagar el déficit de generar luz con renovables

Malestar en el sector energético por la decisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de castigar a gasistas y petroleras a pagar el déficit entre lo que cuesta producir electricidad con energías renovables y los ingresos que genera. Ese déficit -llamado en el sector déficit de tarifa- alcanzó en 2019 la cifra de 575 millones de euros, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace unos días, que tienen su inmediato impacto en el recibo de la luz que pagan los consumidores todos los meses. Mientras, el gas es un sistema autosuficiente puesto que genera más ingresos de lo que cuesta: en 2019 registró un superávit de 354 millones de euros.

La ministra Ribera anunció este martes la puesta en marcha de un proyecto de ley para crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que alcanzará los 7.000 millones de euros en cinco años y que se nutrirá con los pagos de eléctricas, petroleras y gasistas. Ese Fondo servirá para afrontar el déficit que existe entre el coste de producir electricidad con energías renovables y los ingresos que genera, que actualmente van directamente a encarecer la factura mensual de la luz. Con esta medida, el Gobierno pretende reducir el recibo mensual a los ciudadanos en un 13% dentro de cinco años. «Si no se modifica el sistema actual, la ley en vigor obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz; con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura», explica el Ministerio en un comunicado.

El gas, que en 2019 ha generado 354 millones de euros más de ingresos que de costes, tendrá que contribuir a pagar el déficit que genera producir electricidad con renovables

En definitiva: 7.000 millones aportados en cinco años por eléctricas, petroleras y gasistas para pagar el déficit de producir luz con renovables. De acuerdo con la CNMC, en 2019 ese déficit fue de 575 millones: 195 millones de la solar fotovoltaica, 113 millones la eólica, 106 millones la cogeneración y 103 millones la solar térmica. El objetivo de reducir la factura de la luz en un 13% se verá contrarrestado con el lógico aumento de los precios de las gasolinas, que las petroleras cifran en siete céntimos por litro, según ha publicado ‘El Economista’.

Por tanto, aunque de momento no es posible detallarlo con exactitud, el ahorro en la factura de la luz para ciudadanos y también empresas que le generará este Fondo -el proyecto de ley se tramitará por vía de urgencia- será contrarrestado por el incremento de la gasolina y los gasóleos, que afectará más a las rentas más humildes.

Críticas del sector

El anteproyecto de ley presentado por la ministra Ribera ha caído como un jarro de agua fría en parte del sector. Aunque públicamente nadie se atreve a criticarlo al tratarse de un objetivo ‘verde’ que el Gobierno ha vendido como una rebaja de la luz a los ciudadanos, lo cierto es que en privado las críticas son claras y apuntan a que, una vez más, como ha ocurrido en muchas ocasiones en el sector energético, tendrán que ser los tribunales los que decidan sobre su legalidad.

De acuerdo con la CNMC, en 2019 el déficit de las renovables fue de 575 millones: 195 millones de la solar fotovoltaica, 113 millones la eólica, 106 millones la cogeneración y 103 millones la solar térmica

«Es muy injusto que el sistema gasista sea rentable, no genere déficit de tarifa porque los ingresos por peajes son mayores que los costes de generar luz con ciclos combinados y sin embargo se nos haga pagar un sistema que sí es deficitario, como el de las renovables», explican fuentes del sector.

«Lo normal es que todo acabe en los tribunales», apunta otra fuente. «Es verdad que estamos todavía en un proceso muy inicial y que hay que esperar, pero no parece muy justo y defenderemos los derechos de nuestros accionistas», insisten.

Desde el Ministerio de Ribera han apuntado que son conscientes de que la medida puede acarrear una nueva avalancha de demandas del sector, como en el caso del bono social y otros, como la reciente regulación del gas impuesta por la CNMC, pero aseguran que el texto está muy trabajado y auguran una hipotética victoria en esas posibles demandas.

Según el texto aprobado en el Consejo de Ministros del martes, las comercializadoras pagarán cada trimestre en función de sus ventas de energía. Afectará a más de 500 empresas del sector, principalmente Repsol, Naturgy, Endesa, Cepsa e Iberdrola.