Piqué (Seat) cree que es «de sentido común» que la compañía salga de Cataluña si hay inseguridad jurídica

El exministro y consejero de Seat Josep Piqué ha señalado que sería «de puro sentido común» que Seat abandonara Cataluña si deja de haber seguridad jurídica en la comunidad, pues «las empresas necesitan estabilidad» y «respeto a la ley».

«Las empresas necesitan respeto a la ley y, si ese marco no es posible, tomarán sus decisiones pensando en sus accionistas, en sus trabajadores y en sus clientes», ha señalado el exministro en declaraciones a los medios en el Forbes Summit.

Cuestionado sobre si la salida de la firma automovilística española de Cataluña supondría «un duro golpe», el consejero de la filial de Volkswagen ha dicho que «golpes duros ha habido ya».

Daños sociales

«Los costes de este proceso empiezan a ser evidentes», ha señalado Piqué en referencia al cambio de domicilio social de los grandes bancos y otras empresas y a la caída de la demanda en Cataluña, aunque ha añadido que también son importantes los «daños sociales», como el «desgarro interno» de la sociedad catalana, que tardará mucho en recuperarse.

Estas declaraciones de Piqué se producen después de que el presidente de Seat, Luca de Meo, enviara este martes una carta a los trabajadores de la firma para transmitir un «mensaje de serenidad» ante la situación política en Cataluña, en la que afirma que la decisión de trasladar la sede social se produciría en caso de inseguridad jurídica.

«Para la compañía, un cambio de sede social estaría motivado por la búsqueda de protección jurídica y tendría sentido en el momento en el que entendamos que ésta ya no se da en el territorio en el que estamos ubicados», afirma De Meo en la carta.

En relación con el cambio de sede social de CaixaBank de Cataluña a Valencia, Piqué ha señalado que su deseo es que «todo vuelva a la normalidad lo antes posible y que determinadas decisiones no tuvieran que ser irreversibles», pero, para ello, ha indicado que «algo tendrían que ayudar» los impulsores del procés.

«De momento, los que son responsables de que se haya producido eso no solo no están ayudando, sino que parece que están atizando el fuego», ha señalado Piqué.

«Empequeñecer» a Barcelona

En opinión del exministro, una de las consecuencia del procés es el efecto que está teniendo sobre la ciudad de Barcelona, que será «la peor parada de todo esto». Según ha dicho, «intentar limitar Barcelona a ser estrictamente la capital de una hipotética Cataluña independiente es claramente empequeñecerla».

«Barcelona ha sido una ciudad con gran proyección internacional, que va más allá de las fronteras de Cataluña y España», pero ahora «ha dejado de ser una capital financiera, una capital editorial».

Por otra parte, Piqué ha abierto la puerta a que Barcelona no consiga convertirse en la sede de la Agencia Europea del Medicamento tras el Brexit. «Ojalá no suceda, pero es muy probable que no pueda ser capital del medicamento y de la industria farmacéutica europeas y puede dejar de ser, incluso, un polo de atracción desde el punto de vista turístico y de la actividad económica en general», ha señalado el también consejero de Aena.

Para el exministro, el principal objetivo ahora debe ser «recuperar el orden constitucional» y «la condición previa para cualquier otra cosa» tendía que ser «que se cumplan las reglas del juego».

«Los que no cumplen las normas, expulsados del terreno de juego»

«El propio Tribunal Constitucional ha dicho que se puede cambiar, sin ninguna duda, la Constitución y que, si lo acepta el conjunto del pueblo español a través del Parlamento, se puede plantear un troceamiento de la soberanía y, por tanto, un eventual referéndum, pero hay que cumplir las normas y eso debe ser condición inexcusable», ha manifestado Piqué.

El exministro ha aclarado que «en absoluto» está a favor de un referéndum legal -se confiesa «ferviente partidario de que la soberanía de los españoles resida en el conjunto del pueblo español»-, pero sí está a favor de que «alguien que quiera defenderlo lo defienda democráticamente y en el marco de las instituciones y con respeto a las reglas del juego».

En todo caso, ha señalado que «los que no cumplen las normas saben que tienen que ser expulsados del terreno de juego». «Los responsables políticos de todo eso, además de eventualmente responder a responsabilidades penales que pudieran tener, tienen una enorme responsabilidad política, porque el daño realizado es muy notable», ha añadido.