Pescanova se desangra en Bolsa un día más: sus acciones se desploman casi un 15%
Pescanova ha cerrado con un desplome del 14,8%, tras la sangría de ayer de más de un 90% en los mercados. La vuelta a la cotización por parte de la compañía pone de manifiesto que la caída en desgracia de una empresa puede suponer fantásticos beneficios para algunos y pérdidas ruinosas a otros.
Los accionistas minoritarios han explicado a Efe que los mismos títulos que compraron por encima de los 10 euros días antes de que el regulador bursátil, la CNMV, decidiera suspender su cotización los vendieron ayer en el entorno de los 30-40 céntimos. Un precio ligeramente superior al de hoy, cuando la acción se depreció otro 14,8 %, hasta los 23 céntimos.
De hecho, hoy se ha conocido que una de las principales accionistas de la firma de alimentación, Carolina Masaveu, ha vendido su 7% del capital de Pescanova y se ha embolsado 800.000 euros, a pesar de que ese paquete lo compró por 5.200 euros. Ayer mismo la inversora acordó deshacerse de estos títulos a un precio superior a los 40 céntimos, según revelaron fuentes cercanas a la familia.
También ha salido ganando el fondo de inversión Broadbill, que adquirió en el mercado gris acciones hasta controlar el 11,5 % del capital y que ya ha vendido una parte de su posición por un precio sensiblemente superior, de acuerdo con fuentes próximas a la operación.
Los títulos de la «vieja» Pescanova fueron hoy presa de la volatilidad y cerraron a 23 céntimos, muy lejos de los 18 euros a los que llegaron a cotizar en 2013, antes de la suspensión.
Las palabras «estafa» y «engaño» son utilizadas por varios accionistas minoritarios a la hora de opinar sobre este caso, a la espera de que la Justicia depure responsabilidades. El banquillo espera al expresidente del grupo Pescanova Manuel Fernández de Sousa, a quien se acusa de haber ordenado irregularidades contables para maquillar las cuentas de la compañía, entre otros delitos.
La causa está en manos del juez José de la Mata, que ha fijado como fecha límite el próximo mes de octubre para cerrar una fase de instrucción especialmente compleja, que ha exigido pedir datos bancarios a las autoridades de otros países, entre ellos Andorra, para conocer los movimientos de Sousa y su familia.
El caso se remonta a marzo de 2013, cuando el entonces llamado Grupo Pescanova entró en concurso de acreedores por sorpresa, con un agujero patrimonial que KPMG valoró en 1.667 millones de euros.
No fue hasta septiembre de 2015 cuando se aprobó su reestructuración, que en la práctica dividió en dos el grupo: la parte productiva, controlada por la banca acreedora bajo la denominación «Nueva Pescanova», y una sociedad de cartera sin actividad, Pescanova, que quedó en manos de los accionistas originales. El principal activo de esta última era, precisamente, una participación del 20 % en la «Nueva», posición que se ha diluido recientemente hasta el 1,7 % como consecuencia de una ampliación de capital.
Aunque los actuales gestores de la «Vieja» ya han anunciado que presentarán recurso contra esta ampliación, los minoritarios también extienden sus críticas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por autorizar su regreso al parqué después de más de cuatro años de veto y justo cuando su único activo se ha deteriorado.
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