Los pescadores contestan a Aagesen tras anunciar la primera subasta de eólica marina: «Es un atentado»

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 22/02/2025 13:55
  • Actualizado: 22/02/2025 14:27

La Plataforma en Defensa de la Pesca, que representa a los pescadores afectados por la instalación de eólica marina en las costas españolas, afirman a OKDIARIO que el anuncio de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de la primera subasta pública para instalar esta infraestructura es «un atentado a los ecosistemas marinos».

«El Gobierno pretende acelerar un atentado a los ecosistemas marinos y a un sector estratégico como la pesca», denuncia a este periódico la plataforma. Y es que Aagesen ha dado un paso más en la implementación de la eólica marina en España al anunciar que este mismo año habrá un concurso, pese al enorme desacuerdo que existe con los pescadores.

De hecho, en estos momentos, los trabajadores del mar están recurriendo al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo para denunciar los POEM (Planes de Ordenación Marina) que elaboró la que fue ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Según ellos, estos planes se han elaborado «sin seguir criterios científicos» y sin tener en cuenta el impacto socioeconómico que va a tener en las comunidades locales.

Los pescadores contra Aagesen

Ahora, con el anuncio de la licitación, los pescadores consideran que Aagesen está» intentando llevar adelante unas subastas en unas zonas sobre las que se desconoce su impacto medioambiental y su impacto socioeconómico».

Los trabajadores del mar consideran que «la pesca será expulsada de dichas zonas establecidas para la subasta», por lo que califican el último paso de la ministra de Transición Ecológica como «un despropósito».

«¿Qué pasa con el estudio que el Ministerio ha encargado al IEO (Instituto Español Oceanográfico) sobre impactos en los ecosistemas y en la pesca de las zonas que han previsto para subastar?», se cuestiona la plataforma. «Parece que las presiones de los lobbies energéticos es lo que prima», denuncia.

En un desayuno informativo organizado por EP, Aagesen explicó que el proceso comenzará con la publicación de una orden que establecerá las bases, seguida de una resolución, con la intención de lanzar la subasta en 2025.

El pasado septiembre, el Gobierno de Sánchez aprobó la nueva regulación para la eólica marina y las energías renovables del mar, orientada a seleccionar las mejores instalaciones a través de concursos que, según mantiene el Ejecutivo, valorarán tanto el menor impacto ambiental como los beneficios socioeconómicos locales, incluyendo la creación de empleo e industria. Sin embargo, los pescadores no están de acuerdo en estos puntos.

La Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar, junto con la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, establece como meta alcanzar hasta tres gigavatios (GW) de capacidad instalada en eólica marina y hasta 60 megavatios (MW) en otras fuentes renovables marinas para 2030.

Por otro lado, la ministra de Transición Ecológica aseguró sí que hay ya una burbuja de centros, ya que es «ingente la cantidad de proyectos que han llegado prácticamente de cero». Por ello, afirma que el Ejecutivo socialista va a «poner orden». «Cuando aflora una capacidad para consumo, las empresas que estén interesadas se presentan en el plazo de un mes, y si hay más de una empresa que compite por ese mismo acceso, lo que se hace es un concurso», declaró la vicepresidenta tercera.

Por último, Aagesen afirmó que lo que el Gobierno intenta hacer con estas medidas es «ir midiendo los distintos proyectos que aflora en el territorio y analizar cuáles son los mejores también para el territorio».

Sin embargo, los pescadores afirman que el sistema de concesiones diseñado por el Ministerio pondera en un 70% «criterios puramente económicos» en vez de otro tipo de impactos, por lo que solicitan «una mayor ponderación de criterios medioambientales» y socioeconómicos.