La patronal de pisos turísticos carga contra el registro de Sánchez: «España perderá 13.737 millones»

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 16/06/2025 13:40
  • Actualizado: 16/06/2025 13:40

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), patronal de los dueños de pisos turísticos, ha cargado este lunes contra el registro único de alquileres de corta duración, cuya aplicación será efectiva desde el 1 de julio, que quiere imponer el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, la organización advierte de que dejará fuera el 70% de la oferta actual y provocará unas pérdidas de 13.737 millones de euros para la economía entre julio y diciembre.

«Las familias que hayan reservado un apartamento o vivienda de uso turístico para disfrutar sus vacaciones es probable que se queden sin su alojamiento, ya que gran parte de la oferta legal no está pudiendo ser inscrita en el sistema de la Ventanilla Única Digital y va a desaparecer de las plataformas», ha argumentado la presidenta de Fevitur, Silvia Blasco.

En este contexto, la entidad advierte que la implementación del nuevo sistema podría provocar un incremento de la economía sumergida y un aumento en el número de viviendas ilegales. Es decir, el registro acabará teniendo efectos considerables sobre la economía española en general y no sólo sobre la actividad que va a regular.

Pérdidas por el registro de pisos turísticos

Según las estimaciones de los representantes de los dueños de los pisos turísticos, las pérdidas para la economía española ascenderían a 8.570 millones de euros durante los meses de julio, agosto y septiembre, a lo que se sumarían otros 5.167 millones de euros entre octubre y diciembre.

Por otro lado, Fevitur subraya que el registro de pisos turísticos que quiere imponer el Gobierno de Sánchez representa una intromisión en las competencias de turismo, las cuales están delegadas en las comunidades autónomas.

En este sentido, su presidenta de la organización ha señalado que los ejecutivos autonómicos ya disponen de sus propios registros turísticos, denunciando que, lejos de complementar estas herramientas y mejorar los procesos actuales, se percibe como «un instrumento centralizador que duplica estructuras ya existentes y añade complejidad innecesaria al sistema».

Además, la representante también ha criticado la «arbitrariedad y falta de uniformidad» con la que distintos registros de la propiedad están aplicando los criterios para la inscripción de viviendas de uso turístico, «ya debidamente registradas en los autonómicos».

Por tanto, esos registros señalan que no existe un protocolo homogéneo y se están dando situaciones dispares en cada territorio, llegando incluso a exigir trámites suplementarios o negando inscripciones sin justificación suficiente.

Con todo, Fevitur ha lamentado que este nuevo marco se haya impulsado sin un diálogo «suficiente» con el sector y las comunidades autónomas, obviando el conocimiento y experiencia acumulada por las asociaciones y operadores que «participan activamente en la ordenación y profesionalización del alquiler turístico en España».

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el registro que quiere imponer el Ejecutivo socialista va a recolectar información sobre «el número de noches por las que se alquila una unidad y el número de huéspedes a los que se alquila por noche la unidad junto con el país de residencia de cada huésped».

A él, tendrán que estar sometidos «tanto los servicios prestados por las plataformas en línea a anfitriones que prestan servicios de alquiler de alojamientos de corta duración en España, independientemente del lugar de establecimiento de dichas plataformas, como los servicios de alquiler de alojamientos que prestan los anfitriones a través de las plataformas».

Sin embargo, la patronal considera que la medida puede provocar graves daños, tanto al sector como a la economía española en general, por lo que piden que el Gobierno no lleve a cabo sus planes.