El ocio nocturno acudirá en masa a los juzgados ante la negativa de los propietarios a rebajar los alquileres

El ocio nocturno ha cargado contra el ‘Plan de Refuerzo a la Hostelería, el Turismo y el Comercio’ -que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros- y han avisado de que las medidas económicas para rebajar los alquileres provocarán una avalancha de denuncias en los juzgados en las próximas semanas ante la negativa de los propietarios a rebajar la cuota que tienen que pagar mensualmente los inquilinos de discotecas, salas de baile y bares de copas -a pesar de que acumulan casi diez meses cerrados por los efectos derivados de la crisis del coronavirus-.

«Es inadmisible que los propietarios sigan pagando mes a mes la factura del alquiler cuando las restricciones que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la propagación de la crisis del coronavirus impiden que discotecas, salas de baile y bares copas realicen su actividad con normalidad».

Así lo han denunciado fuentes del sector en conversaciones con OKDIARIO que califican el plan de medidas económicas para la hostelería y el ocio nocturno de «insuficiente ya que está lejos de las necesidades del sector más afectado por los efectos derivados de la crisis del coronavirus, que pasan por ayudas directas para frenar el goteo de cierres y despidos que comenzó el pasado mes de marzo», cuando comenzaron a notificarse los primeros casos positivos por covid-19 en España.

Una de las bases del ‘Plan de Refuerzo a la Hostelería, el Turismo y el Comercio’ hace referencia a la rebaja o moratoria de los alquileres de los locales. «Este apartado del plan se aleja de la realidad que viven los empresarios del ocio nocturno que llevan diez meses pagando la renta de su local con la persiana bajada y si no han llegado a un acuerdo desde marzo no lo van a llegar ahora», critican. Además, han explicado que «este escenario provocará que inquilinos y propietarios terminen en los juzgados por la falta de un acuerdos de condonación o reducción de las rentas con una avalancha de denuncias cruzadas que tardaran meses en resolverse».

Ante esta situación, el sector en bloque exige al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -cartera de Reyes Maroto- la modificación de la regulación de alquileres con el objetivo de que la ley contemple las circunstancias de estado de alarma. «Es inadmisible que los propietarios sigan pagando mes a mes la factura del alquiler cuando las restricciones que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la propagación de la crisis del coronavirus impiden que discotecas, salas de baile y bares copas realicen su actividad con normalidad», critican.

Nuevo fracaso del Gobierno

El Gobierno discrimina a los inquilinos dependiendo de si pagan el alquiler a grandes o pequeños tenedores de inmuebles  -que tengan más o menos de 10 locales bajo su propiedad-. En concreto, los grandes propietarios estarán obligados reducir automáticamente el 50% en las cuotas de las rentas de los locales ocupados por pymes o autónomos durante el estado de alarma -previsto hasta el 9 de mayo-, pero esta medida sólo afecta a poco más del 3% del sector del ocio nocturno. Mientras, para los pequeños tenedores se ofrecerán incentivos fiscales, como la deducción en el IRPF de la rebaja en el precio de las rentas.

«La suspensión de todo tipo de impuestos como los pagos a cuentas del IRPF y del impuesto de sociedades, los pagos trimestrales de IVA, las cuotas de los autónomos y las cotizaciones sociales de los trabajadores a los que tienen que hacer frente las empresas que no han logrado recuperar al 100% su actividad».

Una cifra que muestra un nuevo fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez. «El plan de apoyo a la hostelería y al ocio nocturno se queda corto y deja desprotegidas a miles de familias que dependen del sector, ya que únicamente se podrán salvar el 7% de las discotecas, salas de baile y bares de copas, que se traduce en los 1.101 locales que cuentan con el local en propiedad», calculan.

Otras medidas

Además, el sector pide «la suspensión de todo tipo de impuestos como los pagos a cuentas del IRPF y del impuesto de sociedades, los pagos trimestrales de IVA, las cuotas de los autónomos y las cotizaciones sociales de los trabajadores a los que tienen que hacer frente las empresas que no han logrado recuperar al 100% su actividad».

«Así como la necesidad de exigir la ampliación de las líneas de crédito ICO para el sector del ocio y los espectáculos, contando con un 100% de avales del Gobierno para garantizar la supervivencia de un sector que aporta casi el 2% del Producto Interior Bruto (PIB)», añaden.