El nº 2 de Calviño critica a los que cobran «una prestación por desempleo sin estar buscando empleo»

El nuevo secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, critica a los que cobran una prestación por desempleo sin estar buscando empleo activamente. En un artículo en su blog New Deal, el nuevo ‘número dos’ de Nadia Calviño hacía el siguiente comentario sobre los retos económicos de la legislatura en enero de 2020: «Para cierta mentalidad de izquierdas es anatema siquiera pensar que nuestro problema con el empleo también tenga que ver con los incentivos a trabajar. Lo cual resulta poco comprensible, porque es muy injusto que haya gente que trabaje por salarios bajos mientras otra gente trabaje en negro o cobre una prestación por desempleo sin estar buscando empleo activamente».

«Sería necesario revisar todas las prestaciones monetarias para desvincularlas lo más posible del requisito de estar parado», subraya este economista que ahora se encargará de gestionar la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque chocará con los ministros de Podemos en el Consejo de Ministros para poder desarrollar su labor.

En España hay 2,2 millones de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo (1,05 millones de «nivel contributivo» y 1,02 millones de nivel asistencial). A esto hay que sumar 868.400 personas cobrando subsidios y 74.000 la renta agraria. Aunque en teoría hay un requisito de estar buscando activamente empleo, los parados pueden rechazar en la práctica hasta tres empleos por parte de los servicios públicos de las distintas comunidades autónomas antes de percibir su prestación. Cuando se ha planteado, tan siquiera, cambiar esta fórmula la izquierda se ha negado taxativamente.

«La pobreza se puede combatir más eficazmente con prestaciones que puedan ser compatibles con el empleo y las experiencias internacionales al respecto son numerosas. Del mismo modo, al tiempo que se destinan más recursos y se modernizan las políticas activas de empleo, se deberían tomar las medidas para que los desempleados que reciban prestación busquen activamente trabajo y no rechacen ofertas de empleo adecuadas a su perfil», remacha en cambio el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en contra de los postulados habituales en el PSOE y en Podemos.

A juicio de este alto cargo del equipo de Calviño, «el reto del empleo es primordial, porque hasta que no avancemos en este frente, es muy difícil que podamos hacer mayores progresos en productividad y salarios reales».

La opinión del nº 2 de Calviño sobre el efecto del pacto de PSOE y Podemos en el mercado laboral: «Es dudoso»

Por otro lado, García Andrés opinaba justo antes de que estallara la pandemia que el acuerdo de Gobierno de PSOE y Podemos es «dudoso» que consiga acabar con la «anomalía española en el empleo».

«El acuerdo -en referencia al pacto de legislatura de Sánchez e Iglesias- propone derogar los elementos de la reforma laboral de 2012 relacionados con la negociación colectiva, endurecer el control de los abusos en la contratación temporal y a tiempo parcial, así como seguir subiendo el salario mínimo hasta situarlo en 1.200 euros al final de la legislatura. También se menciona el compromiso de mejorar la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo (que suele figurar en todos los programas electorales de todos los partidos desde hace años). ¿Conseguirá la aplicación de estas medidas acabar con la anomalía española en el empleo?», se pregunta Gonzalo García Andrés.

La respuesta del ahora secretario de Estado de Economía es meridianamente clara: «Es dudoso, porque falta un elemento clave en el diagnóstico. Las medidas para atacar la dualidad y los abusos en la contratación temporal son bienvenidas; no será fácil cambiar años de prácticas enraizadas, pero hay que evitar que los trabajadores queden atrapados en empleos precarios».

Y continuaba: «Ahora bien, tenemos también un problema de oferta, de incentivos insuficientes para trabajar. Existe mucha demanda de trabajo estacional y muchas posibilidades de trabajo informal; combinando ambas con la prestación por desempleo y los subsidios de distintas administraciones, se llega a que hay una parte de la población activa que tiene pocos incentivos a trabajar de manera estable y formal. Para muchas personas con baja cualificación y salarios relativamente bajos (el salario mediano en 2017 fue inferior a 20.000 euros anuales según la Encuesta de Estructura Salarial), el coste de oportunidad de trabajar es alto (la asistencia sanitaria es buena y la educación, gratuita, mientras que trabajar conlleva gastos adicionales en cuidado de los hijos o transporte). La elevada dispersión en las tasas de paro regionales es un síntoma de débiles incentivos a trabajar por el lado de la oferta».