MUFACE no es la única: los funcionarios que podrían volver a la Seguridad Social de forma inminente

La incertidumbre sobre la gestión de las prestaciones sociales y sanitarias para millones de funcionarios se ha convertido en una preocupación creciente. Actualmente, las entidades privadas que mantienen convenios con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) han expresado su descontento, alegando que los acuerdos vigentes les están generando pérdidas económicas. Por ello, han rechazado la renovación del contrato para 2025. Las compañías principales involucradas en este proceso son Adeslas, Asisa y DKV, que han solicitado un aumento del 38% en las coberturas y primas. Sin embargo, el Gobierno solo ha propuesto un incremento del 17%, lo que ha llevado a un punto de tensión en las negociaciones.

El Ejecutivo ha fijado como plazo el 5 de noviembre para que las aseguradoras privadas acepten su oferta, de lo contrario, se verían afectadas las coberturas de MUFACE, una situación que podría generar una crisis en varias comunidades autónomas. A la preocupación por MUFACE se suma el hecho de que otras mutualidades, como el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), también tienen contratos que expiran en 2024. Juntas, estas tres entidades gestionan la atención sanitaria de aproximadamente 2,14 millones de funcionarios y sus familias. Aunque las tres mutualidades enfrentan un desafío similar, las negociaciones se llevan a cabo de manera independiente, siendo la de MUFACE la más avanzada hasta el momento. Si no se logra un acuerdo antes del 31 de diciembre, los mutualistas tendrían que trasladarse al sistema público, lo que complicaría aún más la situación sanitaria de los afectados.

MUFACE

El Gobierno ha establecido un plan de contingencia que se activará en febrero de 2025 si no se alcanza un acuerdo con las aseguradoras. Según los términos del actual contrato de MUFACE, que finaliza el 31 de diciembre, las entidades deberán continuar proporcionando servicios a los mutualistas adheridos hasta el primer mes del nuevo año. Esta medida incluye la obligación de atender a los pacientes que estén hospitalizados o que tengan partos programados para febrero, garantizando su asistencia hasta que se produzca el alta o se complete el proceso de maternidad.

Si un paciente permanece hospitalizado más allá de ese periodo, las aseguradoras cubrirán sus gastos hasta finales de marzo de 2025. Sin embargo, una vez concluya este plazo, la situación de los mutualistas podría complicarse, ya que el acuerdo solo se mantiene si al menos un proveedor acepta participar en el nuevo concierto de MUFACE. En caso contrario, los pacientes se quedarían sin cobertura.

A pesar de que las aseguradoras recibirán una prima fija por cada mutualista durante enero, se les retendrá un 10% de ésta hasta finales de 2026. Esto podría resultar en pérdidas adicionales para las entidades, ya que en 2023, por ejemplo, Adeslas reportó un déficit mensual superior a seis millones de euros. En cuanto a la renovación del acuerdo, el Gobierno propone una subida del 17,1%, lo que resulta insuficiente para las compañías que demandan un incremento del 40% para equilibrar sus cuentas tras pérdidas acumuladas de 400 millones en los últimos tres años.

El nuevo concierto, cuya dotación económica asciende a más de 2.681 millones de euros para 2025 y 2026, se encuentra en un proceso de licitación urgente. Las entidades interesadas deben cumplir ciertos requisitos, como demostrar solvencia económica y técnica. Mientras tanto, el tiempo se agota para las aseguradoras, que deben decidir antes del 5 de noviembre si aceptan la propuesta del Gobierno, en un contexto donde la viabilidad de MUFACE y la atención médica de 1,5 millones de funcionarios penden de un hilo.

ISFAS y MUGEJU

El convenio aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de octubre contempla un aumento del 17,12% en las primas de MUFACE, desglosándose en un 16,5% para 2025 y un 0,62% para 2026. Se espera que se apliquen cifras similiares a MUGEJU e ISFAS. Sin embargo, este incremento ha sido considerado insuficiente por el sector de la sanidad privada, que señala que la prima por persona es un 43% inferior al gasto público en sanidad.

Aún está pendiente la oferta del Gobierno para los conciertos de MUGEJU e ISFAS, que también comenzarán en enero de 2025. Las aseguradoras están a la espera de estas condiciones para decidir su participación. Sin embargo, tienen un plazo hasta el 5 de noviembre para presentar sus propuestas para los años 2025-2026.

En cuanto a MUGEJU, esta mutualidad cuenta con 91.834 personas, de las cuales el 75,9% opta por la sanidad privada. Las aseguradoras que actualmente prestan servicios a este colectivo incluyen Asisa y DKV. En el caso de ISFAS, que abarca a un total de 546.611 personas, un 91,3% también prefiere la atención sanitaria a través de aseguradoras. La reducción de afiliados en esta mutualidad ha sido notable, con una pérdida de 74.689 desde 2014.

La falta de renovación de estos conciertos podría provocar una crisis en el sistema sanitario, dando lugar a un colapso en varias comunidades autónomas, según alertan expertos del sector. La presión aumenta para que se tomen decisiones rápidas y efectivas en la materia.