Moncloa decidió la subida de las pensiones sin contar con los ministerios económicos

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 27/04/2018 03:09
  • Actualizado: 27/04/2018 12:07

Moncloa decidió la subida de las pensiones sin contar con los ministerios económicos. Las negociaciones avanzaban con toda urgencia. PNV tenía que modificar su negativa a aprobar los Presupuestos con el 155 en marcha en Cataluña o el Gobierno del PP se enfrentaba a un problema de continuidad en la legislatura. Y se puso encima de la mesa la subida generalizada de las pensiones desde Presidencia. El asunto se definió el pasado martes y se aceptó definitivamente el miércoles, tras finalizar las reuniones de Presidencia con PNV. El resultado fue la adjudicación de una partida que supera los 2.000 millones de euros sin contar con cálculos presupuestarios a medio y largo plazo por parte de los departamentos económicos.

Así nació un acuerdo que se ha anunciado a bombo y plantillo: la subida de las pensiones en 2018 al 1,6% y en 2019 con el ritmo de la inflación, garantizando así el pleno poder adquisitivo de estas prestaciones este año y el siguiente. Es decir, justo lo que se afirmaba hace unos meses que era imposible porque el sistema de la Seguridad Social no tenía más capacidad.

Pero es más. Se incluyó el retraso en cuatro años de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Estaba prevista para enero de 2019, y pasa, de este modo hasta 2023 como fecha de inicio.

Las reuniones del martes no daban para más cálculos. Íñigo Urkullu debía dar el visto bueno y Andoni Ortuzar aceptar su validez económica. Porque, en caso contrario, PNV volvería a pedir precios políticos a cambio del respaldo.

Y Presidencia decidió matar dos pájaros de un tiro. Por un lado se garantizaba el apoyo de los nacionalistas vascos. Y, además, ponía en un serio aprieto a Ciudadanos: porque si ahora decide frenar esta subida de pensiones, tendrá que explicar a todos los jubilados en plena fase electoral que son ellos los responsables de que no hayan tenido la subida de las prestaciones.

El anuncio posterior del portavoz del PNV, Aitor Esteban, señaló que esas fueron las exigencias en materia de pensiones de su grupo para rechazar las enmiendas de totalidad votadas este jueves. Esteban añadió que el Gobierno contestó afirmativamente a estas exigencias el mismo miércoles.

Unas exigencias que incluían un punto más: la subida de la base reguladora para calcular las pensiones de viudedad, que para este año alcanzará el 56% y en 2019, el 60%.

Esteban defendió su propuesta, porque recoge “las reivindicaciones que se están haciendo en la calle”, era “lo justo y lo que había que hacer”. “No contemplábamos otra solución”, afirmó.

Pero lo cierto es que tras el telón político, empezó la preocupación económica. En primer lugar porque el coste es notablemente superior al estimado en los Presupuestos: subir las pensiones de acuerdo al pacto con PNV puede tener un impacto cercano a los 2.300 millones -aunque hay fuentes que apuntan a que podría superar la cifra de los 2.500 millones-. Pero, sobre todo, se convertirá en un coste estructural que no dejará de subir. Y es que cada subida anual se aplicará sobre la base ampliada del ejercicio anterior, algo que dispara el gasto a lo largo de los próximos ejercicios.

En segundo lugar, porque los Presupuestos españoles deben superar aún el examen europeo. Y tras el anuncio del miércoles, llegó la preocupación del jueves de cuadrar a martillazos las cifras a incluir en el Programa de Estabilidad que se presenta este mismo viernes. Y, obviamente, cuando se eleva el gasto en casi 2.500 millones, significa que, o se recorta de otro lado, o todo el programa de estabilidad queda sin validez. Especialmente cuando el incremento del gasto repercute en elevaciones adicionales en los siguientes ejercicios.

Y en tercer lugar, porque a partir de ahora la aplicación del factor de sostenibilidad –clave técnica para alargar la sostenibilidad de las pensiones– deberá decidirse en el terreno de quien gane las próximas elecciones generales. Es decir, que el ‘marrón’ de anunciar ese factor de recorte a la población jubilada pasa al siguiente: puede ser el PP, o no. Y, en el fondo, será ese futurible el que decida convertirse en el antipático a ojos electorales. Y el que decida si las cifras vuelven a cuadrar, o no.