Merlin sopesa tomar medidas legales contra el Gobierno por el pacto que ha hundido sus acciones

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 13/11/2024 09:52
  • Actualizado: 13/11/2024 09:52

La compañía del Ibex 35, Merlin, está barajando varios escenarios y planes de contingencia para defender a sus accionistas, clientes y empleados tras el pacto del PSOE y Sumar que plantea la eliminación del régimen especial fiscal de las socimi, entre los que se encuentra tomar medidas legales. Así lo ha transmitido a través de un comunicado enviado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la jornada del martes, las acciones de la empresa se desplomaron un 7,3%. El anuncio del acuerdo de los partidos del Gobierno de Sánchez también ha afectado a otras mercantiles como Colonial.

Aunque Merlin asegura no tiene constancia de que a día de hoy el acuerdo fiscal entre PSOE y Sumar vaya a contar con «suficiente consenso político y técnico para su aprobación», la empresa calculará, a corto plazo, el impacto efectivo en el cash flow de dicha propuesta fiscal, que, en todo caso, prevé que sea «limitado» por el efecto conjunto de diversas normas fiscales.

Es decir, la mercantil del Ibex 35 se prepara para el peor escenario tras el desplome bursátil del martes. Por otro lado, la compañía recuerda que las socimi equivalen en España a fondos de inversión inmobiliarios (REITs) y denuncia que las modificaciones fiscales introducidas en el acuerdo PSOE-Sumar «suponen, en la práctica, la supresión del régimen de las socimi».

A medio y largo plazo, Merlin centrará su evaluación en determinar las medidas a adoptar para salvaguardar el interés de los accionistas, clientes y empleados, sin excluir medidas legales.

Merlin no descarta medidas legales

Así, Merlin asegura que se planteará diferentes escenarios «sin excluir ninguna posibilidad legal a su alcance». La empresa defiende que existe una «clara» justificación económica para la versión española del régimen REIT internacional, «basada en introducir en el mercado estructuras empresariales activas, con medios y personal directamente afectos a la actividad (por contraposición a los fondos), que se ocupan de promover, construir, adquirir y operar infraestructuras necesarias para los diferentes sectores económicos (oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía)».

Todo ello, afirma, «con liquidez diaria y como forma de ahorro popular para los particulares e indispensable para el correcto funcionamiento de fondos de pensiones, fondos de inversión, mutuas, aseguradoras, family offices y fondos soberanos».

Según ha subrayado Merlin, el régimen tributario actual de las socimi permite eliminar la doble imposición, al tiempo que «garantiza equilibradamente un determinado nivel de tributación efectiva, la distribución puntual de beneficios y la rentabilidad de ahorradores e inversores».

«Este régimen es un gran activo para el crecimiento de la economía española», ha defendido Merlin, que ha criticado que se esté utilizando reiteradamente como argumento una vinculación entre las socimi y la vivienda, ya sea por las subidas de precios o la restricción actual de oferta en España.

«La realidad es que ni Merlin ni ninguna de las otras tres socimi que actualmente cotizan en el Mercado Continuo operan en vivienda, como tampoco lo hacen multitud de REITs internacionales con los que competimos», ha subrayado.

En este sentido, Merlin remarca que la legislación actual sobre el régimen socimi «ni siquiera se menciona la palabra vivienda» en el articulado, por lo que «parece claro que el legislador no quiso vincular este régimen especial con el mercado residencial», afirma la compañía.

El acuerdo fiscal alcanzado entre PSOE y Sumar endurece la fiscalidad de las socimi, actualmente exentas de pagar el Impuesto sobre Sociedades en determinados tramos. Según consta en el acuerdo, esta decisión de los partidos de Gobierno se debe a que estas sociedades «sólo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades» y, a pesar del beneficio fiscal, «no ha servido para mejorar la oferta de viviendas».