Mejor sin Gobierno: el gasto del Estado cae un 10% desde las elecciones

La ausencia de un Gobierno con plenos poderes tiene una vertiente positiva sobre las cuentas públicas. Durante los tres primeros meses del año, el gasto del Estado central en términos de caja ha descendido un 10,8 %, frente al 1,4% al que subía en 2015 durante el primer trimestre. Una diferencia de 11 puntos que coincide con el hecho de que el Ejecutivo tenga las manos atadas al carecer del respaldo parlamentario.

En términos de contabilidad nacional, el sistema empleado de cara a Bruselas y que intenta calcular los desembolsos de una forma más homogénea, el gasto de la Administración central también cae un 3,8%, en claro contraste con el incremento del 2,6% del mismo periodo del año anterior.

La partida de inversiones protagoniza una de las principales disminuciones del gasto

A la vista de las cifras y por más que Rajoy haya dejado aprobados los Presupuestos, parece que un Gobierno en funciones es una buena receta para domeñar el gasto. De hecho, Felipe González ya consiguió en 1995 rebajar el déficit en términos reales simplemente prorrogando los Presupuestos, si bien en aquellos tiempos una inflación al alza facilitaba la labor al aumentar los ingresos y engordar el PIB real.

Este año el Gobierno se vuelve a beneficiar de otra caída del gasto en prestaciones de paro. Si en el anterior ejercicio transfirió a los Servicios Públicos de Empleo unos 2.180 millones a finales de marzo, en el primer trimestre de 2016 sólo ha desembolsado 360 millones de euros en contabilidad de caja, un desplome del 83% que refleja el recorte del 61% recogido en los Presupuestos por la mejora del mercado laboral y la pérdida de las prestaciones que sufren los parados de larga duración.

Y otro tanto sucede con el gasto destinado a subsidiar el déficit eléctrico, el cual gracias a la reforma del PP experimenta entre enero y marzo una caída del 60%, desde los 1.458 millones que se abonaron al año pasado hasta los 589 millones de este año.

Pero, sobre todo, hay dos partidas que dependen mucho de la discrecionalidad del Ejecutivo y que están bajando muy sustancialmente. Por un lado, el capítulo de las inversiones, que desciende a los 733 millones en los tres primeros meses del año, un 34 por ciento menos que en 2015. Esta rúbrica sufrirá además un nuevo tajo por valor de 600 millones debido a que el Ejecutivo ha ofrecido otro ajuste a Bruselas a cambio de la relajación de la senda de déficit.

Y por otro, los gastos de personal disminuyen un 8% y se sitúan en los 3.512 millones, 317 millones menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior pese a una subida de salarios del 1%. En parte, este recorte del capítulo de personal se explica porque en el primer trimestre del año pasado ya se habían devuelto los 44 días de paga extra. Así que esta caída probablemente se anule tan pronto el se contabilice la restitución de la paga extra desembolsada al cierre de abril.

A fecha de marzo, los pagos a la UE también se reducen un 13% hasta los 4.026 millones. Las transferencias corrientes a CCAA y ayuntamientos retroceden un 5,6% y un 2,7% para colocarse en los 4.197 millones y 3.913 millones, respectivamente. Por el contrario, el gasto corriente en bienes y servicios del Estado central sigue aumentando y alcanza los 643 millones, un 8% más que el acumulado hasta marzo del año anterior.

No obstante, la comparativa de los gastos puede verse favorecida por tratarse el año 2015 de una cita electoral. Y eso puede explicar que la disminución de los desembolsos del Estado no esté siendo suficiente como para neutralizar el mal comportamiento de los ingresos, lastrados por la rebaja del IRPF y el todavía renqueante comportamiento de las cotizaciones sociales. Con los datos de todas las Administraciones hasta febrero, el déficit está incluso repuntando ligeramente respecto al año pasado.