La juez del ‘Caso Blanco’ pide que la causa se eleve a la Audiencia Nacional

• María Villardón @MariaVillardon
• Periodista de Toledo. Humanista y folclórica. Hija de María Ángeles y nieta de Cayetana. Hablo rápido con amables personajes –Tusquets dixit–.
• • 29/05/2017 20:20
  • Actualizado: 29/05/2017 20:20

La magistrada del Juzgado Nº 4 de Alcorcón, Raquel Zuil, ha dictado un auto de inhibición en el que señala que los supuestos delitos de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible por parte de Blanco deberían ser juzgados en la Audiencia Nacional. En el mismo documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, explica que, de acuerdo con la ley y a tenor de los hechos denunciados, los últimos movimientos financieros de la textil habrían podido producir “grave repercusión en la economía nacional” e irían en perjuicio de “una generalidad de personas”. Por ello, razona la juez, el caso debería ser elevado al Alto Tribunal.

Zuil concluye que, a tenor de la documentación aportada con la querella de los empleados de Blanco, “a priori, concurrirían indicios de presunto delito de alzamiento de bienes, insolvencia punible y presunta estafa, en las operaciones mercantiles de trasmisión del grupo Blanco hasta llegar a la entidad instrumental Global Leiva”.

Señala, además, que la sociedad creada por el fondo Alhokair, “sin que consten indicios de proactividad comercial, trasmitió el negocio a AC Modus, y se declaró en concurso voluntario de acreedores supuestamente, en claro perjuicio para sus trabajadores y acreedores”.

Blanco se ha sumado a la oleada de cierres de marcas textiles que ha habido en 2016, aunque llevaba varios años que no era capaz de salir a flote. Desde 2012 Blanco atravesaba importantes problemas financieros y un año más tarde Bernardo Blanco, el fundador, presentó concurso de acreedores. Lo que no sabían los empleados es que no sería el único y, mucho menos, que la compañía terminaría en fulminante liquidación.

En 2014 llegó el fondo Alhokair y compró Global Leiva (Blanco) por 40 millones de euros. El acuerdo alcanzado, según consta en la querella expuesta en el auto, contemplaba el negocio, así como el mantenimiento de la actividad comercial y los puestos de trabajo.

En el mismo documento, se explica que la firma saudita creó la sociedad limitada en España Global Leiva SLU y Alhokair, para regularizar la situación económica de la mercantil, constituyó dos créditos participativos consecutivos de 12 millones y 33 millones de euros. Por tanto, siempre según la querella, lo que se hizo fue aumentar la deuda de la empresa incrementando los costes financieros y no elevar su capital social. De algún modo, Global Leiva nació prácticamente en quiebra.

En 2015, las pérdidas de la textil ascendían a 21 millones de euros, un 192% más que un año antes, según datos de Modaes. Los números estaban en rojo, como último intento Alhokair renovó la dirección con directivos británicos, entre los que se encontraba Stephen Craig, pero terminó deshaciéndose de Blanco.

En marzo de ese mismo año, Blanco es traspasada al fondo AC Modus por 83 millones de euros, el doble que lo que Alhokair pagó por ella inicialmente. Aunque, según la escritura de venta a la que ha tenido acceso este periódico, refleja que la operación real fue de 1,19 millones de euros.

En la querella se explica que, en el momento del traspaso, Global Leiva dejó de ser una sociedad instrumental de fondo saudita, para pasar a ser una sociedad independiente sin la solvencia necesaria para afrontar el día a día de la textil. Eso sumado, al abandono financiero del fondo. Según los empleados, AC Modus dejó en inyectar capital, un gesto que provocó la rápida deriva enloquecida de Blanco.

Según la querella, lo único que buscaba Alhokair desconectándose de Global Leiva (Blanco) era “eludir la responsabilidad frente a los acreedores y frustrar los pagos de los créditos”. Por ello, en la querella se acusa a la compañía de un delito de “alzamiento de bienes” y sostiene que existe “estafa, no solo se engaña al Juzgado de lo Mercantil Nº 8 de Madrid, sino también a los trabajadores y al resto de proveedores y acreedores”. El mismo documento, sostiene, además, que a la vista de las cuentas “se han cometido graves irregularidades contables” en las cifras de 2015 para justificar el concurso de acreedores.

Global Leiva se acogió en noviembre de 2016 al concurso voluntario, en diciembre comenzaba el proceso de liquidación y se dispuso a cerrar todos sus puntos de venta.

La magistrada del juzgado de Alcorcón señala en el auto que, de acuerdo con la ley y tras lo anteriormente expuesto, no puede dejarse de lado que Blanco, gestionada por Global Leiva, “es notoriamente conocida, tiene dimensión nacional con más de 300 empleados”, según la Plataforma de Afectados.

Todo lo anterior, concluye Zuil, determina que “no sólo concurren indicios de presunto delito de estafa”, sino que, además, ha podido afectar a «una multiplicidad de perjudicados, diseminados por todo el territorio nacional e internacional y el perjuicio es de notable trascendencia económica».

Blanco, fundada en los años 60, llegó a tener alrededor de 2.000 empleados y 250 tiendas repartidas por toda España. De hecho, durante un tiempo y antes de la llegada de Inditex o Mango, fue considerada una de las empresas punteras del sector ‘retail’.