España, lejos de sus objetivos de inversión en I+D, en niveles de hace una década

El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna en España ascendió a 15.768 millones de euros en 2020, un 1,3% más que el año anterior, lo que equivale al 1,41% del producto interior bruto (PIB), frente al 1,25% de 2019. Estas cifras se mantienen muy alejadas del fallido objetivo europeo de haber llegado al 3% de media el pasado año, así como de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación que pretende alcanzar el 2,12% del PIB español en 2027.

Según la Estadística sobre Actividades de I+D publicada el miércoles por el INE, las empresas asumieron la mayor parte del gasto, con un 55,6% (el 0,78% del PIB); seguidas de la enseñanza superior, con el 26,6% (el 0,37% del PIB); la Administración Pública, con el 17,5% (el 0,25% del PIB), y las instituciones privadas sin ánimo de lucro, con el 0,3% restante.

En comparación con el año precedente, el gasto en I+D aumentó el 0,3% en las empresas, el 1,5% en las universidades y el 4% en la Administración Pública.

Comunidades Autónomas. Andalucía, Murcia y Madrid las que más crecen

Las Comunidades Autónomas que más aumentaron su gasto en I+D interna en 2020 fueron Andalucía (5,8%), Región de Murcia (5,5%) y Madrid (3,7%), mientras que la que más lo redujeron fueron Extremadura (10%), Aragón y Castilla León (ambas con 5,3%).

Cuatro regímenes fiscales diferentes

En España existen cuatro regímenes fiscales diferentes para actividades de innovación: el general y los que se aplican en País Vasco, Navarra y Canarias. Tradicionalmente las inversiones respecto al PIB son más acentuadas en el País Vasco -ya que suelen rozar el 2%- Madrid y Navarra -que suelen oscilar entre el 1,5 y cerca del 2%-.

En cuanto a la base de la deducción fiscal, para el gasto en I+D se sitúa en el 30% en el País Vasco (50% sobre el incremento de gasto en Investigación y Desarrollo respecto a los ejercicios anteriores) y el 40% en Navarra, frente al 25% (42% sobre el incremento de gasto en I+D respecto a los 2 años anteriores) del resto de regiones. Así, por cada 10 euros invertidos, las empresas pueden, en teoría, recuperar, como mínimo, 3 en País Vasco, 4 en Navarra y 2,5 euros en el resto de España.

Cualquier país sabe que para crecer tiene que innovar e investigar, aunque en España no acabe de fructificar esta idea al analizar las cifras de inversión que las administraciones y las empresas destinan a ello. Circunstancia que se aprecia al analizar la poca claridad existente a la hora de solicitar ayudas, o desgravaciones, relacionadas con el I+D, o las trabas existentes cuando se intentan justificar las acciones realizadas ante los distintos ministerios.

Trámites administrativos

En España, el exceso de trámites administrativos, la poca claridad en los procesos y programas, la ridícula remuneración que perciben los investigadores y las muy escasas ayudas fiscales existentes han provocado que los niveles de inversión en I+D sean muy similares a los de hace una década respecto al PIB nacional.

Es importante recordar que impulsar la innovación, la digitalización y la conectividad son objetivos básicos en la adjudicación de fondos europeos de recuperación, que supondrán para España la llegada de 140.000 millones de euros.

Más de la mitad de los millones que recibirá España apoyarán la modernización gracias a la I+D -Horizonte Europa-, transiciones climática y digital -Fondo de Transición Justa y Europa Digital-, y preparación, recuperación y resiliencia, -De Recuperación y Resiliencia, rescEU y EU4Health-.

Sin embargo, España sólo asignó un 35% de los 56.552 millones que le correspondía de fondos estructurales entre 2014 y el pasado año. 

La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta 2027 y el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, aprobado con una inversión directa de 1.000 millones en 2020 y este año, pretenden asentar “las bases para el futuro de la ciencia”.

A finales del pasado año, el Gobierno aprobó en consejo de ministros la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta el 2027, un plan con el que se pretende duplicar en siete años los recursos destinados a I+D+I, hasta alcanzar el mencionado 2,12% del PIB e intentar reducir la diferencia con líderes como China, Israel, EEUU o los motores de la economía europea (cuya media se sitúa en el 2%).

Según se informó entones, el Ejecutivo, el documento 2021-2027 se aprobó tras “un ejercicio de todos” los agentes del sistema español de I+D+i, públicos y privados (compañías, sociedades científicas o administraciones).

Para consolidar y que crezca este Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación se intentará aumentar el presupuesto dedicado a la I+D+i a la vez que se pretende incentivar la inversión privada, hasta alcanzar la media de la UE. Para ello se contemplan las ayudas directas (subvenciones) y establecer líneas adecuadas para facilitar el uso de los fondos de la Unión Europea.

La materialización de esta estrategia tiene dos periodos de ejecución. El primero de ellos, entre 2021 y 2023, se centra en garantizar y fortalecer el sistema y reforzar los recursos humanos para diseñar las carrera investigadoras, incorporando nuevo talento. En una segunda fase, según el gobierno, se situará a la I+D+i como herramienta fundamental para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

Entre sus novedades y prioridades, destaca el diseño de un itinerario científico y tecnológico de acceso al sistema de I+D+i equiparable al “Tenure Track”. Así como la elaboración de un itinerario tecnológico en el que se incluye el desarrollo de la figura de Tecnólogo, recogida en la Ley de la Ciencia de 2011.

Fuentes empresariales consultadas destacan que España aún tiene un sistema de desgravaciones y ayudas muy escaso y poco claro. Además, lamentan que, una vez realizadas estas acciones en I+D+i, suelen aparecer problemas cuando las empresas intentan acogerse a deducciones o desgravarse fiscalmente algunas partidas contempladas como investigación y desarrollo, ya que la Agencia Tributaria y Hacienda incluyen “algunos conceptos subjetivos” que obligan a tributar por actividades que inicialmente parecían exentas, o con una importante desgravación, agregan.