La inflación subirá las pensiones en 3,5 puntos en 2027 y dejará una factura millonaria al Estado

Cuando en 2021 el Gobierno aprobó la reforma de las pensiones impulsada por el entonces ministro del ramo, José Luis Escrivá, fueron muchos los institutos de análisis y organismos oficiales que advirtieron sobre el potencial efecto nocivo de una medida que, al recuperar las revalorizaciones de las nóminas de forma automática con el IPC, exponía al sistema a sufrir un déficit rampante si sobrevenía una crisis de precios.

El tiempo les ha dado la razón, pues desde entonces España ha vivido no una, sino dos espirales inflacionistas, la segunda de las cuales apenas está empezando a asomar con toda su virulencia y, a pesar de ello, ya amenaza con traducirse en una subida de las pensiones del 3,5% en 2027, que va a elevar el gasto del sistema en al menos 8.000 millones de euros.

La primera vez que el potencial disruptor de la reforma Escrivá quedó evidenciado fue en enero de 2023, cuando las prestaciones contributivas vieron incrementada su cuantía en un 8,5% de media para todo el año debido al auge del IPC que siguió a la pandemia de Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania. Ese alza de ocho puntos obligó al Estado a gastar 15.000 millones de euros más en 2023 por este concepto y elevó la deuda del sistema al récord de 116.172 millones de euros en enero de 2024. Ese año, con los efectos de la crisis inflacionaria aún coleando, los haberes de la Seguridad Social volvieron a incrementarse más de lo recomendable con una revalorización del 3,8%.

A esto le siguieron dos cursos de relativa estabilidad en la cuantía de las nóminas, con sendas subidas del 2,8% de media para 2025 y del 2,7% ya para este 2026, ejercicio que se prometía tranquilo hasta que el pasado mes de febrero los EEUU e Israel iniciaron sus ataques contra Irán. Siete meses después, y mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado y el petróleo cotizando en el entorno de los 100 dólares por barril, la inflación en España se ha disparado hasta el 4,9% en septiembre.

Para explicar por qué esto es un problema, hay que detallar los pormenores de la reforma diseñada en 2021 por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que tres años después pasaría del Consejo de Ministros a la dirección del Banco de España casi sin solución de continuidad. Dicha reforma acabó de un plumazo con el mecanismo impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que contemplaba una fórmula correctora para vincular los incrementos de las pensiones a la evolución del déficit, y lo sustituyó por otro en el que el cálculo quedaba ligado de forma directa al IPC medio anual registrado en noviembre del curso precedente.

Así las cosas, aún no es posible conocer cómo quedará exactamente la revalorización de 2027, pero sí hacer una aproximación. En los últimos días, numerosos institutos de análisis han realizado esa estimación, y el resultado que arroja es de un incremento del 3,3% en el escenario más optimista y del 3,5% si la inflación se rebaja apenas a un 4,5 y 4,2% interanual, respectivamente, en octubre y noviembre, que es la previsión de Funcas.

Sin embargo, y visto que ni Irán ni los EEUU han mandado aún ninguna señal que permita suponer que el final de la guerra en el Golfo Pérsico está cercano, hay motivos para temer que ambas previsiones sean demasiado optimistas. Sea como fuere, si se toma como referencia un alza del 3,5% el año próximo que beneficiará a los 9,5 millones de personas que en nuestro país reciben una pensión contributiva, el dispendio extra para la Seguridad Social quedaría en unos 8.000 millones de euros más solo para equiparar el poder adquisitivo de los jubilados al avance de precios.

A esto, evidentemente, hay que añadir el aumento del gasto previsto por la irrupción en el sistema de la generación del ‘baby boom’, hecho que desde hace meses viene tensionando las cuentas, ya que se trata de un colectivo con largas carreras de cotización y que, por tanto, recibe prestaciones mayores. El pasado mes de agosto (último dato disponible), las nóminas de las nuevas altas en el sistema alcanzaron una media de 1.711,4 euros, mientras que la pensión media de jubilación —que perciben más de dos tercios del total de beneficiarios— se situó en los 1.576,1 euros.

Evidentemente, para los receptores de estos fondos las revalorizaciones son siempre una buena noticia, pero el problema es que al ministerio que dirige Elma Saiz hace años que las cuentas no le salen. Baste recordar que el año pasado el Estado gastó 189.598 millones de euros en pensiones, y que en 2026 esa cifra apunta a alcanzar los 230.000 millones.

Con todo, desde que gobierna Pedro Sánchez, el pasivo de la Seguridad Social se ha cuadruplicado hasta alcanzar el récord de 136.177 millones de euros este mes de septiembre, y todo esto sin que ninguno de los mecanismos ideados en este tiempo para mejorar el balance haya tenido un efecto reseñable. Sirva de ejemplo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que solamente ha logrado incrementar el montante disponible en el Fondo de Reserva (la llamada hucha de las pensiones) hasta los 15.267 millones de euros, cifra que solo serviría para enfrentar las obligaciones de pago de un solo mes.