Hacienda también abre la mano con la empresa pública catalana Comfesa o la Pompeu Fabra

De las 37 operaciones de deuda al margen del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) aprobadas este año por el Ministerio de Hacienda, una veintena han sido para Cataluña. De esa cantidad, es sorprendente que sólo tres fueran directamente para vencimientos y operaciones a corto plazo de la Generalitat. La mayoría del dinero se autorizó para que organismos y empresas públicas catalanas pudieran operar con los bancos con el 155 activo.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, empresas públicas, como Comforsa, universidades -como la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra- o centros públicos, como el CIDOB de Barcelona o Biocat, entre muchos otros, solicitaron autorizaciones al Estado central para cerrar operaciones de deuda a corto plazo y cubrir sus necesidades de Tesorería en los seis primeros meses del año, en los que el Ministerio de Hacienda controlaba las cuentas de la Generalitat.

En lo que llevamos de 2018, Comforsa (Comercial de la Forja), la mayor empresa industrial catalana de capital público, ha solicitado al menos tres operaciones al Estado para poder ejecutar operaciones de deuda por valor próximo a seis millones de euros. 

Aunque más de una decena de comunidades autónomas pidieron permiso a Hacienda para cerrar operaciones de refinanciación, créditos o emisiones a corto plazo fuera del FLA, Cataluña es la única en la que se registran peticiones para organismos públicos concretos por necesidades de tesorería.

De los más de 77.700 millones de euros en deuda que tiene Cataluña, 54.400 millones se los debe al Estado. El resto se reparte entre créditos a los bancos españoles (unos 7.582 millones), entidades extranjeras (cerca de 5.860 millones) y bonos que emitió en el pasado -cuando conservaba autonomía financiera- y todavía están circulando en el mercado con un capital que ronda los 5.500 millones de euros.