El Gobierno investiga a plataformas como Booking o Airbnb: persigue el alquiler turístico ilegal

El Gobierno ha puesto bajo la lupa a las páginas de alquiler turístico e investiga a plataformas como Booking o Airbnb para evitar el arrendamiento ilegal y pisos sin licencia. Así, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación sobre potenciales prácticas comerciales desleales, según ha anunciado este miércoles.

En febrero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propuso la sanción más alta de la historia del organismo para Booking. La multa a la empresa asciende a 530 millones de dólares (486 millones de euros), una cifra récord en España.

Por tanto, las autoridades llevan tiempo poniendo en el punto de mira a las plataformas de alquiler turístico. Ahora, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, «ha abierto una investigación sobre potenciales prácticas comerciales desleales en relación con las viviendas turísticas que operan sin licencia y que se anuncian por toda España en plataformas destinadas al alquiler turístico», según el departamento que dirige.

El Gobierno investiga a Booking y Airbnb

Es decir, el Gobierno investiga a Booking y Airbnb porque, según la Dirección General de Consumo, se han identificado posibles prácticas irregulares en diferentes ciudades españolas.

En concreto, serían prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales y que, por tanto, supondrían una infracción que puede «generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada», señalan desde la Dirección General de Consumo.

Según la información oficial proporcionada por autoridades autonómicas y municipales competentes en este ámbito, un número significativo de viviendas turísticas estaría operando sin licencia. Por esta razón, el Ministerio liderado por Pablo Bustinduy ha decidido iniciar una investigación para proteger a los consumidores y usuarios de estas prácticas.

La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas en este ámbito, haciendo especial hincapié, apuntan desde Consumo, «en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general».

Multas de hasta 100.000 euros

Con la información recopilada a través de estos requerimientos, la Dirección General de Consumo estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores. Estas prácticas, según el precepto legal, pueden calificarse como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros. En algunos casos, la sanción podría superar esta cantidad, alcanzando entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Por su parte, la Dirección General de Consumo defienda que la apertura de esta investigación «no prejuzga el resultado final de la misma». Es decir, es posible que las plataformas como Booking y Airbnb que el Gobierno investiga puedan salir airosas de la inspección.

Este no es el primer ataque del Ejecutivo a este negocio. En concreto, el Gobierno ha seguido los pasos del presidente de Cataluña, Pere Aragonés, y quiere limitar el número de pisos de alquiler vacacional, o turísticos, en toda España pese a la oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de que el Tribunal Constitucional está estudiando su viabilidad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó en abril que «hay que limitar» los alojamientos turísticos en zonas tensionadas para garantizar el acceso a la vivienda y ha estimado que en mayo estarán disponibles los avales ICO para cubrir hasta el 20% del préstamo hipotecario para jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo.

«Yo quiero, junto con el ministro de Industria, reunirme con las comunidades autónomas con este asunto, porque yo no quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia. Es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial», señaló la titular de Vivienda, que recalcó que también se «perseguirán» los alquileres temporales, una promesa que se está cumpliendo.