El Gobierno se asegura el sablazo a las eléctricas con el apoyo de las fuerzas de izquierda

Los grupos de la izquierda parlamentaria han garantizado este jueves en el Congreso la convalidación del Real Decreto-ley impulsado por el Gobierno de Sánchez y que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el Ejecutivo en 2.600 millones de euros.

Así, además del PSOE y Unidas Podemos, fuerzas que integran el Gobierno de coalición y que suman 155 votos, han apoyado el decreto ley Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), la CUP (2), Más País-Equo (2), el BNG (1), Compromís (1) Teruel Existe (1) y el PRC (1) y Nueva Canarias (1).

Un total de 182 diputados, por encima de la mayoría absoluta, frente al rechazo de los 152 diputados del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). El PNV (6) y Junts (4) y el PDeCAT (4) se han abstenido.

Durante su defensa del decreto ley contra las eléctricas, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recalcado el carácter temporal de la mayoría de medidas incluidas -el recorte a la sobrerretribución es hasta el 31 de marzo-, pero ha asegurado que trabaja para no aplicarlo al suministro de energía a las industrias a «precios razonables». Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a «quienes garanticen ‘exnovo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria».

Más tarde, la vicepresidenta ha aclarado que negocia con la industria y con las eléctricas las condiciones de suministro a las plantas para favorecer contratos a medio y largo plazo a precios estables, anteriores a la actual escalada de precios. A estas alturas, asegura que «las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas», algo que «obliga a revisar medidas adoptadas ya» y «adaptarlas».

Nuevo impuesto

Tras Ribera, el PP, que ha pedido utilizar el turno en contra para explicitar su frontal oposición al decreto contra las eléctricas, ha acusado a Ribera de propiciar una situación al no acometer inversiones necesarias en el suministro de gas, acabar con el carbón y plantear además un cierre acelerado de la nuclear.

Asimismo, su diputado Guillermo Mariscal le ha acusado, a la vicepresidenta y al resto de diputados que no rechacen el decreto, de ser «corresponsables» de las dificultades de la industria. Respecto a la intervención en los beneficios, ha encuadrado la evolución en los precios de la electricidad en una reacción de las compañías. «¿Cuándo aprenderán que cuando aplican un impuesto se traslada al consumidor?», se ha preguntado.

José María Figaredo, de Vox, también ha encuadrado el recorte de beneficios como si de un impuesto se tratara, pero en este caso para recortar el coste del gas que estas tecnologías no emplean. Y es que, efectivamente, el recorte busca compensar los sobreprecios provocados por el gas en tecnologías que no lo usan y, por tanto, se benefician de un precio más elevado sin tener que sufrir los mayores costes.

Proyecto de ley

Además del Decreto contra las eléctricas, el proyecto de ley para recortar los «beneficios caídos del cielo» al sector por los derechos de CO2 de la retribución de centrales que no asumen estos costes, principalmente centrales hidroeléctricas y nucleares, ha superado este jueves en el Congreso su primer examen, el debate de totalidad.

Así, el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Junts, la CUP, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe, el BNG y el PRC han rechazado la propuesta alternativa del PP, que ha vuelto a plantear su batería de medidas para la reforma eléctrica, apoyada por Vox, UPN y Foro Asturias.

En esta ocasión, Ribera ha recordado que una medida similar ya se aplicó entre 2006 y 2009 y, pese a ser recurrida judicialmente, fue avalada primero por la Justicia europea y después el Tribunal Supremo. La vicepresidenta ha señalado que la norma es conforme al derecho de la UE y con el criterio de rentabilidad razonable, y que el criterio marginalista del mercado «no quiere decir que no se puedan producir intervenciones, siempre que estén justificadas y no sean discriminatorias» como, a su juicio, es la planteada por el Gobierno en esta reforma.

El proyecto ha prosperado frente a la enmienda a la totalidad del PP, que cree que el Gobierno «interviene donde no puede o no debe», ya que considera que el recorte «genera potenciales distorsiones», tal y como ha señalado su diputado Diego Gago, que cree que el Ejecutivo debería haber emprendido «una negociación sincera» con las eléctricas para alcanzar «un marco de retribución estable a medio y largo plazo».

Junto al PP, Vox también había registrado una enmienda a la totalidad del proyecto, pidiendo en este caso su devolución para tumbar la iniciativa. Sin embargo, esta formación retiró a los seis días su enmienda. En todo caso, su diputado José María Figaredo ha cargado contra este recorte de los beneficios de las eléctricas, considerando que supone «meter la mano en el bolsillo» a centrales más eficientes.