Los puntos negros de los datos del paro de junio que no cuenta el Gobierno
Por Diego Barceló Larran, director de Barceló & asociados (@diebarcelo)
Si uno analiza los datos de afiliación de junio, puede sentirse tentado a decir que son muy buenos. Sin embargo, el entusiasmo se enfría cuando vemos los datos de paro registrado. La verdad es que los datos superaron las previsiones más optimistas. El número de afiliados creció 4,7% interanual (875.900 personas), para llegar a 19,5 millones de afiliados. La afiliación creció más de 1% en mayo y otro tanto en junio. Es algo que no había ocurrido en la recuperación de la crisis anterior. Esos 19,5 millones son casi el mismo número de afiliados que había en junio de 2019.
El primer matiz es recordar que aún hay 447.800 personas en ERTE (2,8% de todos los asalariados), por lo que no cabe decir que se ha recuperado casi todo lo perdido por culpa de la pandemia (y de su mala gestión). El segundo matiz es que el empleo público es ahora 8,6% mayor al de junio de 2019 (220.000 empleados más), mientras que el empleo privado está 1,4% por debajo (237.000 afiliados menos, aun contando a los que están en ERTE como “ocupados”).
Hay un dato inquietante. En junio, la hostelería ganó 130.400 afiliados y quitó del ERTE a 51.300 asalariados. Pero quedan en ERTE otros 193.000 trabajadores de dicho sector. Que se hayan contratado a 130.400 personas, mientras quedan 193.000 asalariados en ERTE, sugiere que podría estar configurándose una situación dual dentro del sector, con unas empresas recuperadas y otras que difícilmente puedan hacerlo. Si esta interpretación es correcta, contar esas 193.000 personas como “ocupadas” sería solo una ficción contable.
Los datos de paro registrado desmienten que la recuperación sea casi completa. Aunque la reducción del número de parados fue mayor a la esperada (-6,4% interanual; 248.500 parados menos), los 3,6 millones de parados de hoy son un 20% más de los que había en junio de 2019. Contando las personas en ERTE como paradas, tendríamos más de 4 millones de parados (más de un millón por encima de junio de 2019).
En julio, gracias a la estacionalidad favorable, el empleo crecería un poco más, con lo que alcanzaría un nuevo máximo histórico en la afiliación (el récord actual son los 19,53 millones de julio de 2019). Dado que el actual gobierno es afecto a la propaganda, podemos estar seguros de que no perderá la oportunidad de machacarnos con ese dato. El riesgo es que se lo crean.
Más allá de la inflación del empleo público, de los cientos de miles de personas en ERTE y las potenciales decenas de miles de empleos “zombies” en la Hostelería, el Gobierno debería saber que la recuperación económica se está apoyando en factores extraordinarios, que impactan solo una vez. Entre ellos, los 2,5 millones de personas que salieron del ERTE (que ahora ingresan más que hace un año), el ahorro acumulado por las familias durante la pandemia (que ahora empieza a gastarse) y el inicio de la recuperación del turismo del exterior.
También habrá factores de única vez en 2022 (completa recuperación del turismo exterior y los fondos europeos a pleno rendimiento), lo que aumenta el peligro de que el gobierno crea que todo se explica por su “excelente” gestión (algo muy probable dado el narcisismo de Pedro Sánchez).
Ojalá no sea el caso, porque el riesgo es que en 2023 aflore la dura realidad: el BCE podría (debería) estar subiendo los tipos de interés y el enorme déficit fiscal tendría que estar en proceso de corrección, bajo presión de la Comisión Europea. No solo se habrían agotado los factores extraordinarios que impulsan la economía, sino que habría en juego dos importantes elementos contractivos de la demanda.
La salida del laberinto tiene un nombre claro: reformas, desregulación, rebajas de impuestos y privatizaciones para impulsar el crecimiento de forma genuina y autosostenible. Lo opuesto de lo que viene haciendo y promete seguir haciendo el gobierno. Qué más le dará a Sánchez: siempre podrá decir que es algo que “nadie podría prever”
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