El Gobierno se ha ahorrado hasta abril 159 millones por el hachazo de Montero a los mutualistas

El Gobierno incendió el pasado diciembre al colectivo de mutualistas que tienen que cobrar el IRPF pagado de más al modificar unilateralmente y sin avisar el método vigente hasta ese momento para recuperar el dinero. Hacienda decidió acabar con el sistema que permitía a los mutualistas solicitar el abono de la deuda no prescrita -cuatro años- en un sólo pago, y les obligó a solicitar el pago de la deuda año a año. Es decir, aplazaba a 2029 el momento en el que los mutualistas cobrarían todo lo pagado de más durante parte de su etapa laboral -unos 4.000 euros por afectado-.

«Queda sin efecto el formulario de solicitud de devolución para mutualistas habilitado con anterioridad al 22 de diciembre de 2024», decía el mensaje de Hacienda en su página web. Hasta noviembre de 2024, Hacienda había devuelto 1.300 millones de euros por este concepto a los mutualistas.

Con el cambio anunciado por el departamento que dirige María Jesús Montero y hasta el 30 de abril, las arcas públicas ya se han ahorrado 159 millones de euros, según el último informe mensual de recaudación publicado por la Agencia Tributaria.

El origen de este conflicto viene de una sentencia del Tribunal Supremo de 2023 que permite a los mutualistas -actuales pensionistas que cotizaron a las mutualidades entre 1967 y 1978 y que tienen derecho por sentencia a deducirse en el IRPF el 25% de las cantidades aportadas- cobrar lo abonado de más por los cuatro años que no han prescrito, de 2019 a 2022.

Hacienda obligó a solicitar en 2025 por el año 2019, y así sucesivamente hasta 2029, cuando se podría solicitar el de 2022. Para los mutualistas fue un insulto, «torticero y miserable», una modificación encaminada a ahorrarse dinero.

Recientemente, Hacienda ha comunicado de nuevo un cambio en este sistema, que volverá al método original de un sólo pago en una sola solicitud. Pero, de momento, el Gobierno no ha publicado esa modificación, así que está vigente el sistema de solicitar la devolución año a año.

La decisión de diciembre pasado del Gobierno ha llegado además a los tribunales. La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial del 20 de diciembre, y solicita al tribunal que valore la posible inconstitucionalidad de la medida con el objetivo de que plantee una cuestión de  inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

AEDAF considera que este sistema vulnera derechos fundamentales como la igualdad, la prohibición de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena administración. «En lugar de proceder con la devolución de cantidades que han sido declaradas exentas por resolución judicial firme, el Ejecutivo ha optado por establecer un calendario discrecional de reembolsos, diferido hasta 2029, y con procedimientos individualizados por cada ejercicio fiscal, lo que limita gravemente el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos judicialmente», señaló la asociación en un comunicado.

Sobre el anuncio del Gobierno de volver a cambiar el sistema y volver al de antes de la Orden Ministerial del 20 de diciembre, AEDAF aseguró que «las declaraciones públicas de la ministra de Hacienda afirmando que se iba a producir una modificación legislativa para dejar sin efecto este tratamiento singular de las devoluciones de los mutualistas no se han traducido en nada efectivo. Un nuevo giro que no ha hecho sino acrecentar la incertidumbre y la inseguridad jurídica que rodean a este proceso».