Hacienda confirma que las prejubilaciones voluntarias sin ERE tendrán que tributar en el IRPF

Las indemnizaciones percibidas por adherirse a un plan de prejubilación o de bajas incentivadas tributarán en el impuesto de la renta cuando no formen parte de un despido colectivo. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha sentenciado que las prejubilaciones individuales tributen en el IRPF de la misma forma que el finiquito o la nómina.

Hasta ahora, la mayoría de los prejubilados solicitaban a la Agencia Tributaria la exención del IRPF al considerar que el dinero era una indemnización similar a la de un despido. Se amparaban en una sentencia del Tribunal Supremo sobre Banca Cívica; sin embargo, el TEAC ha determinado que, si no hay un proceso de despido colectivo en marcha (los conocidos ERE), debe tributar en la renta.

En términos económicos, TaxDown estima que el fallo supondrá un coste a los prejubilados ordinarios que oscilará entre los 22.000 euros y los 60.000 euros dependiendo del salario y la residencia. La mayoría de las prejubilaciones suelen realizarse a través de negociaciones individuales o con planes colectivos voluntarios, por lo que implica un golpe directo a los planes de salida empresariales.

El fallo del Ministerio de Hacienda afecta profundamente al colectivo de las personas mayores de 50 años. En la actualidad, son uno de los colectivos más vulnerables al desempleo ante su dificultad para reincorporarse y el rechazo empresarial. En ese escenario, las prejubilaciones se habían vuelto un medio para mantener la paz social al final de la vida laboral.

Cláusula Telefónica

La sentencia del TEAC representa el mayor impacto al programa de prejubilaciones de España desde la denominada «cláusula Telefónica». Decretada durante la crisis financiera, esta norma obliga a las empresas de más de 100 trabajadores y con beneficios económicos a pagar a Hacienda por despidos colectivos a mayores de 50 años.

Telefónica organizó un polémico ERE en 2011 que afectó a 8.500 personas, por lo que el Gobierno movió ficha con este cambio legal en un momento en el que el desempleo crecía en decenas de miles de personas cada mes.

La medida no supuso la anulación de facto de esta práctica, sino un método para que el fisco ingresase más dinero. Las estimaciones indican que Hacienda ha recaudado en los últimos 15 años más de 1.000 millones de euros de esta figura, sobre todo de empresas multinacionales.